La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar busca suspender el proyecto Sea Lion, cuya operación está prevista entre 2027 y 2028.
La delegación argentina solicitó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, que dicte medidas cautelares para detener los proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas. El planteo alcanza al yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros del archipiélago.
El consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, aclaró que la petición no busca que el tribunal resuelva la disputa de soberanía ni la delimitación territorial. Según explicó, el objetivo es evitar la consolidación de acciones económicas y ambientales sobre recursos naturales situados en un área en disputa.
La estrategia argentina se apoyó en derechos derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entre ellos, incluyó la protección de los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras no exista una resolución, la obligación británica de evitar actos unilaterales irreversibles, el principio de buena fe y la solución pacífica de controversias previsto en los artículos 279 y 300, y la preservación del medio marino.
El escrito presentado formalmente el 13 de octubre reclama suspender el proyecto en la Cuenca Malvinas Norte, limitar el uso y la transferencia de datos geológicos a terceros, adoptar previsiones ambientales y abstenerse de otorgar nuevas licencias de exploración o explotación. El equipo argentino estuvo integrado también por Marcelo Kohen, Nico Schrijver y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Sea Lion cuenta con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de crudo. El inicio de las operaciones está proyectado para 2027 o 2028 y estaría a cargo del consorcio formado por la firma británica Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum. Kohen sostuvo que el Reino Unido no puede modificar unilateralmente la plataforma continental en disputa ni explotar sus recursos hidrocarburíferos, y citó como antecedente una medida cautelar dictada por el TIDM en el litigio entre Ghana y Costa de Marfil en 2015.
El Reino Unido cuestionó la competencia del tribunal y defendió la validez de los permisos hidrocarburíferos vigentes en las islas. Sus representantes afirmaron que las medidas solicitadas impedirían a los habitantes de las Islas Falkland desarrollar sus recursos naturales y advirtieron que una decisión adversa podría provocar pérdidas de miles de millones de libras, con consecuencias graves para la población y las empresas involucradas.