Argentina respaldó una declaración internacional contra el exceso de capacidad industrial

El pronunciamiento, impulsado por Estados Unidos, reúne a otras catorce economías y prioriza autos eléctricos, baterías, químicos, semiconductores básicos y paneles solares.

Argentina adhirió a una declaración conjunta promovida por Estados Unidos para abordar el exceso de capacidad y la producción estructural en sectores manufactureros considerados estratégicos. El documento evita identificar países, aunque apunta a situaciones en las que la oferta supera de manera persistente la demanda mundial.

La declaración fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos tras el foro de ministros de Comercio del G20 realizado en Milwaukee. También la suscribieron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Türkiye, el Reino Unido y Estados Unidos.

Los ministros plantearon la creación de plataformas sectoriales para analizar el problema y definir medidas eficaces. Las conversaciones iniciales comenzaron al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que los equipos técnicos deberán acordar, antes de diciembre de 2026, los términos de referencia, intercambiar información no confidencial e identificar vacíos de datos.

Los sectores señalados como especialmente vulnerables son los automóviles y vehículos eléctricos, las baterías, los productos químicos, los semiconductores básicos y los paneles solares. Según el texto, se trata de productos con una gran participación de China, aunque la declaración no menciona países específicos.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que varias economías detectaron casos de exceso estructural de capacidad y producción sostenidos por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado. La declaración advierte que esas condiciones pueden distorsionar precios y patrones de producción, desalentar inversiones, desplazar la fabricación local y afectar el empleo.

El documento también incorpora un argumento de seguridad económica: advierte que la concentración productiva en un solo país aumenta la dependencia y la exposición a posibles restricciones arbitrarias a las exportaciones. El debate retoma una discusión del G20 iniciada en 2016 sobre el efecto de los subsidios y otras formas de respaldo estatal, y la extiende a industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.

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