El sábado, 1.488 personas fueron asistidas en 14 embarcaciones, en la jornada de mayor actividad de los últimos 32 años de la ruta atlántica.
Un total de 3.592 migrantes llegaron a las islas Canarias entre el viernes y el domingo pasados a bordo de embarcaciones precarias, según estimaciones de Salvamento Marítimo y medios españoles. Los arribos se produjeron en un contexto de aumento de las salidas desde África occidental y de fuerte tensión política en España por el debate sobre la inmigración.
La mayor actividad se registró el sábado, cuando los equipos de rescate asistieron a 1.488 personas que viajaban en 14 embarcaciones. Esa cifra convirtió a la jornada en la de mayor movimiento de los últimos 32 años en la ruta atlántica hacia el archipiélago.
El Hierro concentró la mayor parte de los desembarcos. También hubo llegadas en Gran Canaria y Tenerife. El viernes arribaron ocho embarcaciones con 843 ocupantes, mientras que el domingo fueron contabilizados 1.261 migrantes distribuidos en ocho cayucos.
Los datos del Ministerio del Interior español indican que más de 28.000 personas ingresaron por vía marítima a España entre enero y octubre. De ese total, más de 13.000 llegaron a Canarias. Ante el incremento de los arribos, el Gobierno declaró el martes la emergencia migratoria en el archipiélago.
La mayoría de las embarcaciones parte de Mauritania y otros puntos de la costa occidental africana. Las travesías se realizan en cayucos sobrecargados y con escasos elementos de seguridad. Después del verano europeo, la calma de los vientos alisios del norte puede favorecer la navegación, aunque la ruta continúa siendo considerada una de las más mortíferas hacia Europa por la distancia, las condiciones del mar y la fragilidad de las embarcaciones.
La situación reavivó la discusión sobre la atención, el alojamiento y la distribución de los migrantes entre las comunidades autónomas. El tema también ocupó un lugar central en la campaña previa a los comicios del 29 de noviembre. Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, propone acelerar las expulsiones de personas en situación irregular, retirar determinadas ayudas sociales y eliminar subvenciones para organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes.