Martín Romeo, junto con Krasutskaya y Lapchenko, cuestionó la investigación sobre las operaciones previas al tuit presidencial, los movimientos de fondos y las cajas de seguridad vinculadas a Mauricio Novelli.
Martín Romeo y otros dos inversores que sostienen haber perdido dinero con $LIBRA presentaron una apelación contra la resolución del 23 de octubre que sobreseyó a Javier Milei y a otros diez imputados. El planteo fue realizado por los tres damnificados, representados por el abogado Nicolás Oszust, y sostiene que el expediente se cerró sin analizar todas las hipótesis denunciadas ni valorar de manera adecuada distintas pruebas.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a las operaciones registradas antes de la publicación presidencial. Según el recurso, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos u$s13,5 millones apenas 22 segundos antes de que Milei difundiera en sus redes sociales el contrato del token. El escrito también indica que el fondo de liquidez fue creado a las 18.40 del 14 de febrero de 2025, mientras que las primeras compras se concretaron a las 19.01 y el mensaje presidencial fue publicado a las 19.01.22.
La presentación vincula esa secuencia con llamadas entre Milei y Mauricio Novelli registradas entre las 18.44 y las 19.03, de acuerdo con la extracción del teléfono del empresario mencionada en el recurso. También afirma que las billeteras identificadas como “Libra Team Wallets” liquidaron los tokens adquiridos al comienzo de las operaciones y que los fondos terminaron concentrados en una bóveda que reunió 44.593.888 USDC, según un informe de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal citado por los apelantes.
Otro eje de la impugnación son las cajas de seguridad que Novelli abrió en el Banco Galicia el 4 de febrero de 2025. El escrito señala que María Alicia Rafaele y María Pía Novelli habrían concurrido a vaciarlas el 17 de febrero, después del colapso del token, mientras que el allanamiento de una de ellas ocurrió recién el 8 de mayo. Los recurrentes sostienen que el hecho de que estuvieran vacías no permite establecer qué se guardó allí ni qué se retiró, y cuestionan que esa circunstancia haya sido utilizada para descartar la hipótesis delictiva.
La apelación enumera además transferencias que considera relevantes: una de u$s507.400 a una cuenta de Orlando Mellino el 30 de enero; movimientos por 150.010 USDC hacia Favio Camilo Rodríguez Blanco; depósitos por más de u$s2,4 millones en cuentas de este último el 4 de febrero, y una transferencia de 695.990 USDT a la bóveda CPE1 en esa misma fecha. También objeta el análisis del documento “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba pagos por u$s1.550.000 a favor de Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Como elementos vinculados, menciona una factura emitida por María Pía Novelli a Kelsier Holdings Limited, movimientos de fondos coincidentes y una anotación titulada “Pago Javier kari”.
Los inversores también cuestionan que el sobreseimiento se haya dictado sin que los imputados prestaran declaración indagatoria, que no se hayan completado medidas de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y que la cooperación judicial con Estados Unidos haya finalizado por considerar insuficientes los elementos aportados. Además, discuten las objeciones formuladas sobre informes de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). La presentación pide revocar los sobreseimientos y declarar la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano y de la resolución que lo aceptó, porque —según afirman— no se les comunicó el pedido de cierre ni se les permitió solicitar su revisión. La apelación se suma a la presentada por Juan Patricio Marchetto.