La digitalización, la movilidad y la gestión pública impulsan avances en distintos municipios, aunque los especialistas advierten que la tecnología no reemplaza la planificación, la inclusión ni la inversión en infraestructura.
Una ciudad inteligente no se define únicamente por la cantidad de aplicaciones, cámaras, sensores o plataformas digitales que utiliza. El concepto combina innovación, conectividad, datos, planificación urbana y gestión pública para mejorar la calidad de vida, con impacto en la movilidad, los residuos, el consumo energético, los servicios y el uso del espacio público. También contempla cómo los edificios y los nuevos desarrollos inmobiliarios organizan los desplazamientos y el acceso a la infraestructura.
Lucía Bellochio, directora de Trends Smart Cities y miembro de grupos de expertos vinculados a Naciones Unidas, sostuvo que una ciudad inteligente usa estratégicamente sus recursos, la innovación y la tecnología. Advirtió que una urbe puede ser tecnológica y, al mismo tiempo, excluyente. Lucas Lanza, director general de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina (RECIA), señaló que los sensores, el Internet de las Cosas, el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial permiten conocer mejor el territorio y prestar servicios más eficientes. Joaquín Tomé, director del Centro de Estudios Económicos Urbanos de la UNSAM, remarcó que la tecnología debe estar al servicio de objetivos urbanos previamente definidos.
La Ciudad de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones con mayores avances. Entre las iniciativas mencionadas figuran la digitalización de trámites, Boti, BA Data, Ciudad 3D, el sistema de bicicletas públicas, la gestión tecnológica de la movilidad, los sistemas de monitoreo urbano, la apertura de datos y el Parque de Innovación en Núñez. También se valoraron sus planes de transporte y urbanismo. Sin embargo, Tomé señaló que esas herramientas no eliminan las desigualdades territoriales ni resuelven la falta de articulación metropolitana, para lo cual consideró necesarias inversiones en infraestructura y vivienda y acuerdos de gobernanza.
En otras ciudades se desarrollan experiencias específicas. Córdoba avanzó en la articulación con el ecosistema emprendedor, la innovación pública, la telegestión de luminarias y el centro de operaciones C6. Mendoza registra iniciativas de movilidad, gestión del espacio público y herramientas digitales, mientras Rosario incorporó recursos digitales y postas territoriales a su Presupuesto Participativo. Tres de Febrero cuenta desde 2015 con un instrumento de captura de plusvalías cuyos recursos se destinan a infraestructura, hábitat y patrimonio. Vicente López, Escobar, San Miguel y Tigre desarrollaron iniciativas de seguridad y coordinación operativa; Tigre cuenta desde hace quince años con un centro de operaciones y una flota de drones. En San Miguel de Tucumán, Casa Azul brinda atención y acompañamiento a personas con autismo y sus familias.
La evaluación de estas políticas requiere indicadores que excedan la cantidad de dispositivos instalados. Entre los aspectos señalados por los especialistas figuran la calidad de los servicios, el uso de los recursos, los tiempos de traslado, el consumo energético, las emisiones, el acceso a los servicios, la accesibilidad de los espacios públicos y la capacidad de respuesta ante delitos, accidentes e incidentes de tránsito. Tomé propuso considerar cinco componentes: gobernanza de datos, movilidad sostenible e intermodal, financiamiento mediante captura de plusvalías, inclusión y participación ciudadana, y economía local e innovación.
El mercado inmobiliario también interviene en el desempeño urbano. Los edificios pueden incorporar certificaciones LEED, BREEAM y EDGE, domótica, sensores, energías renovables, uso eficiente del agua y materiales sustentables. Además, la orientación, la ventilación cruzada, la luz natural, la inercia térmica y las protecciones solares permiten reducir el consumo desde el diseño. Bellochio planteó sumar espacios de calma sensorial, señalética accesible y recorridos inclusivos. Para que estas iniciativas no queden limitadas a proyectos aislados o sectores de mayores ingresos, los especialistas destacaron la necesidad de planificación estatal, coordinación público-privada y continuidad institucional. Entre los obstáculos identificados figuran las restricciones presupuestarias, la falta de equipos estables, las desigualdades entre municipios y la ausencia de una ley nacional de ordenamiento territorial, pese a que el 92% de la población argentina vive en ciudades.