Las movilizaciones se realizaron este jueves en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla contra la Ley de Rescate Económico y las políticas del Ejecutivo.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas opositoras encabezaron este jueves el primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien llegó al poder en agosto pasado. Las protestas incluyeron movilizaciones y cortes de vías en distintas ciudades de Colombia.
La convocatoria fue impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles, además de otros sectores políticos. En Bogotá, varias marchas confluyeron en el centro de la capital, mientras que también hubo manifestaciones en Cali, Medellín y Barranquilla.
El principal reclamo estuvo dirigido contra el proyecto de Ley de Rescate Económico, que se encuentra en trámite en el Congreso. La iniciativa oficialista propone recortes en partidas presupuestarias y aumentos de impuestos con el objetivo de frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país.
Los sindicatos y sectores opositores cuestionaron el posible impacto de la norma sobre los trabajadores y los sectores de menores ingresos. “Esta es una reforma que va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables, incluidas las capas medias y, por supuesto, a los sectores más pobres de la población”, declaró a la agencia EFE el senador Iván Cepeda.
La protesta también incorporó reclamos por la estabilidad laboral en el Estado, la posible privatización de Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario, la asistencia a los damnificados por el terremoto y el rechazo a la ley de sometimiento aprobada en el Congreso. La CUT planteó además la defensa de los derechos sociales, la soberanía y la paz, junto con cuestionamientos a las políticas de seguridad del Ejecutivo.
El Gobierno había confirmado días atrás que desistiría de aplicar el IVA a productos de la canasta familiar y de imponer nuevas cargas al sector agropecuario, pero las organizaciones mantuvieron la convocatoria. De la Espriella defendió el derecho a la protesta pacífica, aunque advirtió que no permitiría bloqueos de vías ni acciones que calificó como “terrorismo urbano”. También pidió controlar las ausencias injustificadas de trabajadores en las instituciones públicas.