El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de distintas jurisdicciones para abordar políticas de protección, garantías y acompañamiento integral.
La XV Jornada Nacional de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito se realizó en el auditorio principal del Centro Cívico del Bicentenario, en Córdoba, bajo el lema “Voces, Derechos, Garantías: Perspectivas Federales en la Protección y Asistencia a la Víctima del Delito”.
La actividad convocó a autoridades nacionales y provinciales, representantes judiciales y académicos, además de referentes de distintas jurisdicciones, que intercambiaron experiencias sobre la atención y el acompañamiento a personas afectadas por delitos.
La apertura estuvo a cargo del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal general, Carlos Lezcano; el secretario de Justicia, Leandro Goria; la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, Jimena Capece; y la directora de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba y presidenta del Consejo Federal, Alicia Salusso.
López afirmó que la responsabilidad estatal incluye acompañar a las personas en situaciones de vulnerabilidad y destacó la necesidad de brindar una atención profesional, integral y oportuna a las víctimas y sus familias. También reconoció la tarea de los equipos de asistencia de Córdoba y del resto del país.
La jornada coincidió con los 40 años de la creación del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba, fundado en 1986 y actualmente denominado Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito. Salusso resaltó el enfoque centrado en la dignidad, los derechos y el acompañamiento de quienes atraviesan las consecuencias de un hecho delictivo.
Durante el encuentro fueron reconocidas las trayectorias de Carlos Girola y Mirtha Yocco, por sus 40 años de trabajo en la asistencia a víctimas, y de Hilda Marchiori, por cuatro décadas de aportes profesionales y académicos. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Trabajo, con la adhesión de la Legislatura de la Provincia, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos de Córdoba.