El abogado cuestionó el planteo del fiscal Gerardo Pollicita para remitir el expediente al fuero Penal Económico y solicitó que se postergue esa decisión.
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes en la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo para objetar las consecuencias del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.
Dalbón solicitó que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo a cargo de Sergio Rodríguez, para analizar si corresponde participar en el expediente. También pidió que se le notifique cualquier resolución que pueda poner fin al proceso y que se suspenda una eventual decisión sobre la competencia hasta que ese organismo se expida.
El planteo fue realizado luego de que Pollicita considerara que no hay elementos suficientes para sostener, por el momento, la existencia del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268, inciso 2, del Código Penal. El fiscal propuso que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria, entre otros aspectos.
Según los fundamentos atribuidos al dictamen, la defensa de Adorni ubicó antes de diciembre de 2023 el origen de los fondos cuestionados. Pollicita entendió que las pruebas no permitieron confirmar ni descartar de manera definitiva el descargo sobre una inversión previa en activos digitales, y señaló que tampoco se estableció un vínculo entre el dinero y un acto funcional o una fuente ilícita relacionada con el cargo.
Dalbón sostuvo que la investigación no debe quedar limitada a una posible infracción tributaria. En su presentación mencionó como indicios la omisión de bienes en declaraciones juradas durante varios años, pagos en efectivo, la participación de terceros en operaciones y la exteriorización de fondos después del inicio de la causa.
El abogado argumentó que esos hechos también podrían involucrar irregularidades administrativas y que la pesquisa debe evaluar la relación entre los ingresos de Adorni, su patrimonio y sus declaraciones juradas. Además, sostuvo que los posibles delitos contra la administración pública afectan al erario y a la ciudadanía, por lo que invocó la Ley 27.372 para reclamar que los denunciantes sean notificados y escuchados antes de una decisión que cierre, limite o desplace la investigación.
Pollicita también había solicitado extraer testimonios para investigar a terceros relacionados con operaciones inmobiliarias y remitir antecedentes al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Dalbón pidió que esas cuestiones sean consideradas junto con la intervención de la PIA antes de resolver el cambio de fuero.