Los operativos se realizaron en los penales 1 de Olmos y 15 y 44 de Batán, en una investigación iniciada por una denuncia presentada el 8 de julio.
Una investigación de la UFI 13 de Mar del Plata derivó en allanamientos y detenciones en tres cárceles, donde se habría planificado una serie de estafas y robos. Los procedimientos alcanzaron a los penales 1 de Olmos y 15 y 44 de Batán.
La causa comenzó luego de un intento de estafa cometido el 8 de julio por tres falsos policías. El 14, una banda ingresó a una propiedad, donde amordazó, ató y golpeó a una mujer de 70 años, además de provocarle cortes en los dedos de un pie. Los delincuentes robaron 600 mil pesos.
De acuerdo con la investigación, ambos hechos fueron organizados desde esas unidades penitenciarias. Allí también se registraron 10.441 llamados destinados a estafar a personas previamente investigadas, identificadas y seleccionadas. El principal operador se presentaba como “Subcomisario Gutiérrez”, aunque su identidad real es Hugo Miguel Franco, de 62 años.
Marcelo Romero, experto en CiberCrimen, declaró a Crónica que dentro de los penales los internos distribuyen tareas según su experiencia y conocimiento. También afirmó que algunos presos participaron de sus cursos para perfeccionar la organización y la logística de delitos que luego se ejecutan fuera de las cárceles. María Julia Gerardi, licenciada en Criminología y Seguridad, sostuvo que el ingreso de un integrante a prisión no elimina necesariamente sus vínculos, recursos económicos ni redes de confianza.
Según los especialistas, las fallas en los controles y las requisas, la connivencia con agentes penitenciarios, el acceso ilegal a dispositivos y la falta de detección de comunicaciones clandestinas facilitan el funcionamiento de estas estructuras. Las actividades mencionadas incluyen estafas telefónicas y virtuales, extorsiones, amenazas, narcotráfico, secuestros extorsivos, lavado de activos y movimientos de dinero obtenido mediante delitos. Romero señaló que una de las modalidades más habituales es el “cuento del tío”.
Gerardi propuso incorporar controles tecnológicos para detectar dispositivos y bloquear comunicaciones no autorizadas, además de equipos especializados en el análisis de información y redes criminales. También planteó reforzar las requisas, los controles de visitas, encomiendas y proveedores, y la supervisión del personal penitenciario. La especialista consideró necesario investigar posibles hechos de corrupción o connivencia interna y aclaró que tener un celular en una cárcel no implica automáticamente haber cometido una estafa, una extorsión o una asociación ilícita. Como alternativa, planteó un sistema institucional de comunicaciones seguras, con teléfonos habilitados, contactos registrados, horarios definidos y canales específicos.