La mujer llegó el lunes 9 de noviembre en un vuelo procedente de Río Gallegos y viajaba con otras dos personas. Secuestraron cuatro valijas y realizaron 27 allanamientos.
La Justicia Federal detuvo en el Aeroparque Jorge Newbery a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, cuando arribó un vuelo procedente de Río Gallegos. El procedimiento se realizó durante la tarde del lunes 9 de noviembre y también fueron arrestadas otras dos personas que viajaban con ella.
Los pasajes habían sido comprados por internet el sábado 7 de noviembre, según fuentes judiciales. El grupo despachó cuatro valijas de gran tamaño, que fueron secuestradas por orden del juez federal de Río Gallegos. Los investigadores seguían sus movimientos desde hacía varias semanas y aceleraron las detenciones luego de que la aerolínea informara el embarque. La sospecha es que intentaban salir del país.
El fiscal federal Julio Zárate, de la Unidad Fiscal Río Gallegos, solicitó las detenciones, que fueron ordenadas por el juez federal Claudio Vázquez. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tras los arrestos se concretaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires. Las medidas alcanzaron propiedades de Báez, domicilios particulares, estancias, locales comerciales, dos inmobiliarias y un lavadero de autos. También fue allanada la celda que ocupa el empresario en el penal de Ezeiza, donde quedó incomunicado.
En Santa Cruz fueron secuestrados cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación. El ministro de Seguridad, Pedro Prodomos, informó a la prensa local que hasta ese momento había otras cuatro personas detenidas en esa provincia.
Las actuaciones reúnen dos causas conexas. Una investiga a una presunta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, con actividad detectada al menos desde diciembre de 2025. La otra analiza si Báez encabezaba desde la cárcel una organización destinada a administrar y poner en circulación activos de origen ilícito, presuntamente sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él en los casos “Vialidad” y “Ruta del Dinero K”. Según trascendió, las escuchas judiciales de conversaciones entre el presunto jefe de la banda y el empresario constituirían una prueba clave.