El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reúne este martes 27 para intentar acordar un dictamen, luego de los cuestionamientos de Estados Unidos al alcance de las sanciones previstas.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas afrontará este martes una instancia decisiva en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará cerrar los cambios al texto y avanzar hacia un dictamen. La iniciativa quedó bajo revisión después de la visita a la Argentina del subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau.
Landau fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada y luego expresó públicamente la preocupación de Washington por los intereses de sus empresas. Estados Unidos cuestiona el incremento de sanciones para las compañías petroleras que operan en el archipiélago y pidió precisar su alcance sobre firmas, filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores vinculados con esas actividades.
Entre los cambios analizados figura la posibilidad de excluir las sanciones para empresas con vínculos comerciales o societarios indirectos con compañías que operen ilegalmente en Malvinas. También se planteó incorporar un mecanismo de “desinversión” que permita a empresas y proveedores dejar emprendimientos en las islas para iniciar proyectos con la Argentina sin incumplir la legislación.
Las modificaciones fueron discutidas el viernes pasado por Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, con diputados del PRO, el MID y el Partido Justicialista. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo después que el Ejecutivo había recibido aportes de esos sectores y manifestó su expectativa de que el proyecto obtuviera dictamen favorable para llegar al recinto.
El oficialismo también evalúa cambios reclamados por bloques opositores. Entre ellos aparecen la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional, la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, la revisión del artículo 111 sobre penas por desinformación y la exclusión expresa de la actividad periodística, académica y del debate público. Además, analiza exigir autorización del Congreso para ordenar el derribo de aviones o el hundimiento de buques considerados hostiles y redefinir el concepto de “infraestructuras críticas”.
La intención del Gobierno es obtener el dictamen este martes y enviar la iniciativa al recinto para su tratamiento el miércoles 28 de octubre, aunque el material señala que ese objetivo resulta difícil. El texto que eventualmente apruebe el Congreso sería distinto del proyecto original, tanto por las objeciones estadounidenses como por los cuestionamientos vinculados con el Consejo de Seguridad Nacional, las nuevas figuras penales y el alcance de las sanciones.