El régimen estrella del Gobierno atrae miles de millones en petróleo, gas y minería, pero la inversión se concentra en cinco provincias, encadena poco con la industria local y genera un empleo permanente reducido.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una de las principales apuestas del Gobierno para impulsar una recuperación del crecimiento de la economía real. El esquema se basa en brindar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios , como estabilidad tributaria por 30 años, baja del Impuesto a las Ganancias y libre disponibilidad progresiva de divisas, a proyectos de gran envergadura, con un piso mínimo de inversión de u$s200 millones , que varía según el sector y la categoría, y exige que las empresas ejecuten al menos el 40% del monto comprometido dentro de los primeros dos años desde su adhesión.
Hasta el momento, 44 proyectos por casi u$s199.000 millones solicitaron ingresar al régimen . De ese total, 21 iniciativas ya fueron aprobadas oficialmente , con inversiones comprometidas por unos u$s46.700 millones , mientras que otras 23 continúan en evaluación por alrededor de u$s152.300 millones .
Esto implica que la mitad del monto total presentado todavía permanece pendiente de aprobación y que, incluso entre los proyectos ya habilitados, buena parte de las inversiones comprometidas todavía atraviesa etapas iniciales de ejecución. También al separar la etapa de construcción de la fase de operación, el número se reduce considerablemente, ya que, una vez terminadas las obras, el empleo permanente sería de apenas unos 8.200 puestos directos en todo el país , según estimaciones del Observatorio del RIGI (UNSAM-CONICET) , debido al carácter intensivo en capital de estas actividades.
Entre las iniciativas de mayor tamaño aparecen el proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro , por u$s6.878 millones , el desarrollo de cobre Los Azules , en San Juan , y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur , estos últimos con inversiones superiores a los u$s2.400 millones .