La desinformación genera costos económicos y sociales de hasta 510.000 millones de dólares al año, mientras persisten brechas en la aplicación de las leyes de acceso a la información y crecen los cortes de internet.
El acceso a datos confiables y la existencia de un periodismo independiente son considerados elementos esenciales para enfrentar la desinformación y fortalecer la vida democrática. En un entorno marcado por la circulación acelerada de contenidos, los algoritmos que priorizan la indignación y la generación de falsedades verosímiles mediante inteligencia artificial, el derecho a conocer los hechos aparece como una condición para la libertad y la participación ciudadana.
Access Now y la coalición #KeepItOn documentaron 313 cortes de internet en 52 países durante 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora. Estas interrupciones bloquean el trabajo periodístico, silencian a comunidades y privan a las personas de información que puede resultar vital.
La encuesta de 2025 de la Unesco indicó que 141 países cuentan con garantías legales de acceso a la información. Sin embargo, el organismo advirtió que la existencia de normas no asegura su aplicación: persisten deficiencias en supervisión, apelaciones, cumplimiento, gestión de registros y datos. Entre los países relevados, 51 no pudieron aportar información sobre la gestión de registros pese a declarar que tenían sistemas o procedimientos establecidos.
Una prueba realizada en 2025 por la Unesco y el Centre for Law and Democracy, a partir de 146 solicitudes idénticas presentadas en 76 países, mostró que el 38 % no recibió una respuesta sustantiva, mientras que solo el 42 % obtuvo una divulgación completa. El tiempo promedio de respuesta fue de 22 días y este año se repetirá un ejercicio similar para evaluar posibles cambios. A la vez, los órganos de supervisión enfrentan en distintos lugares mandatos débiles, designaciones tardías, recortes presupuestarios, injerencia política y restricciones a sus facultades.
La Unesco estima que los casos individuales de desinformación pueden provocar costos económicos y sociales de entre 350.000 y 510.000 millones de dólares estadounidenses por año, por sus efectos sobre las respuestas de salud pública, los procesos electorales, la acción climática, las pérdidas financieras, la reputación y la confianza en las instituciones. Frente a ese escenario, los medios de servicio público y las organizaciones de noticias independientes son señalados como un contrapeso, aunque atraviesan presiones financieras, injerencia política, dependencia de plataformas, audiencias fragmentadas y una creciente circulación de contenidos falsos, sintéticos y manipulados.
La respuesta propuesta incluye inversión en periodismo de interés público, independencia editorial, verificación de datos, verificación mediante fuentes abiertas, alfabetización mediática e informacional y cooperación transfronteriza. También plantea que los gobiernos hagan cumplir las leyes y protejan la supervisión independiente; que las plataformas y empresas tecnológicas asuman responsabilidad por los espacios informativos que crean, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos; y que las organizaciones mediáticas prioricen el rigor por encima del alcance.