La tercera licitación de fondos del FGS de la ANSES será por $200.000 millones y permitirá financiar viviendas en construcción, con una tasa máxima de UVA más 7,5% nominal anual.
El Banco Central convocó para mañana la tercera licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La novedad es que los recursos podrán aplicarse por primera vez a préstamos para adquirir unidades que todavía no tienen escritura individual.
La Comunicación B 13258 contempla operaciones mediante boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, además de inmuebles con garantía de hipoteca divisible pendiente de división. Los fondos también podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas.
El esquema establece que el fondeo provendrá de depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, exclusivamente a cinco años, con un spread mínimo de 4,5%. Los bancos no podrán cobrar a los compradores una tasa superior a UVA más 7,5% nominal anual y tendrán 90 días corridos desde la acreditación del dinero para otorgar los créditos. Cada entidad podrá recibir hasta el 40% del monto licitado, sujeto a otros límites patrimoniales y de cartera.
La posibilidad de acceder a financiamiento durante la obra podría ampliar el universo de compradores de departamentos en pozo, que hasta ahora dependían de sus ahorros, de préstamos propios o de los planes de pago ofrecidos por las desarrolladoras. Mali Vázquez, directora institucional de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), sostuvo que la medida vincula el crédito hipotecario con la construcción de unidades nuevas. También señaló que la herramienta no elimina la necesidad de contar con ingresos suficientes y capacidad de ahorro inicial.
Santiago Vitali, director de DE.DE, consideró que los primeros beneficiarios probablemente sean los proyectos con un avance de obra significativo, debido al menor riesgo para los bancos. Mariela Schenone, CEO de MetroX Schenone & Asociados, explicó que las entidades deberán analizar el proyecto además del comprador, incluyendo la titularidad del terreno, la estructura jurídica, los permisos, el presupuesto, el flujo de fondos, los antecedentes de la desarrolladora y las garantías.
En el sector bancario advirtieron que la habilitación no implicaría una expansión masiva de estos préstamos en el corto plazo. Entre las dificultades mencionadas figuran el riesgo de que una obra no concluya y la falta de un sistema adecuado para registrar los boletos de compraventa. Schenone estimó que cada licitación de $200.000 millones permitiría financiar unos 1.600 créditos promedio y consideró que el plazo de 90 días podría favorecer inicialmente a unidades terminadas o con obra avanzada. Vitali definió la medida como necesaria, aunque insuficiente sin inflación más baja, estabilidad macroeconómica y plazos de planificación de largo plazo.