La imputación de nueve personas en Taiwán por el traslado ilegal de 74 servidores con procesadores Nvidia B300 muestra cómo las restricciones de exportación y la rivalidad geopolítica condicionan el acceso a la inteligencia artificial.
Fiscales de Taiwán imputaron el 24 de agosto de 2026 a nueve personas, entre ellas empleados de Nvidia y Supermicro, por la exportación ilegal a China de 74 servidores avanzados de inteligencia artificial equipados con procesadores Nvidia B300. El presunto recorrido incluyó Indonesia, Japón y Hong Kong, y el expediente todavía se encuentra en los tribunales.
Según la acusación, algunos de los involucrados habrían creado una empresa pantalla en Japón y utilizado documentación falsa y sitios web fraudulentos para ocultar los envíos. La operación evidencia el valor que adquirió una licencia de exportación en un mercado donde el acceso a determinados procesadores dejó de depender únicamente de la capacidad de pago.
Estados Unidos comenzó a restringir las ventas de chips avanzados de Nvidia a China en 2022 y endureció las medidas en los años siguientes. En 2025 flexibilizó una categoría y luego volvió a limitar la generación más reciente. Nvidia desarrolló modelos específicos para el mercado chino, como los A800, H800 y H20, pero todos quedaron alcanzados por nuevas disposiciones; la venta de los H20 a China pasó a requerir una licencia en 2025.
Las medidas estadounidenses también impulsaron controles de aliados. Países Bajos limitó los servicios de ASML a clientes chinos, mientras que Japón aplicó restricciones similares a sus fabricantes de equipos. En enero de 2025, Washington estableció categorías de países para la compra de chips avanzados de inteligencia artificial, aunque ese sistema escalonado fue revocado en mayo del mismo año. Los cambios posteriores mantuvieron una lógica basada en la confianza entre gobiernos y en la supervisión del uso final.
El caso taiwanés refleja un desplazamiento de las reglas comerciales: para las empresas, la legalidad de una operación depende cada vez más del país del comprador, su gobierno y el destino de la tecnología, además del producto. El material plantea que las compañías deberían reforzar la verificación de clientes, la trazabilidad y los sistemas de cumplimiento, mientras que los países necesitan mecanismos creíbles para impedir la reexportación hacia destinos restringidos. La edición 2026 del Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD se publicará el 13 de octubre.