El Gobierno se dispone a enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una definición política central: sostener el déficit cero incluso durante un año electoral. Javier Milei considera que el equilibrio de las cuentas públicas resulta indispensable para contener la inflación y apuntalar la actividad económica, dos objetivos que presenta como los principales logros de su gestión.
La iniciativa deberá ingresar en la Cámara de Diputados antes del vencimiento previsto para el martes. El Presidente anticipó que mantendrá la política de recortes y que la disciplina fiscal será el criterio rector del proyecto. Esa orientación también se refleja en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el oficialismo, que contempla penas de prisión para las autoridades por conductas vinculadas con la emisión monetaria.
En la Casa Rosada aseguran que Milei está convencido de que conseguirá la reelección. El mandatario sostiene ante su entorno que los resultados de su administración ubican al país en su mejor momento en 100 años y que, por esa razón, corresponde profundizar el rumbo. La discusión, sin embargo, excede al Presupuesto y vuelve a poner bajo examen el conjunto de la estrategia económica.
Las restricciones para sostener el ajuste
Para el oficialismo, el orden fiscal es la base de su programa. Sus críticos advierten, en cambio, que la estabilidad de las cuentas estatales puede convertirse en una debilidad si no está acompañada por medidas que impulsen la economía y mejoren la distribución del ingreso. Los especialistas también señalan que preservar la disciplina presupuestaria durante un período electoral planteará dificultades adicionales.
Una de las principales tensiones proviene de la estructura del gasto. Según IARAF, las jubilaciones, las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares y la AUH se actualizan de acuerdo con la inflación pasada y concentran 55% de las erogaciones. En un escenario de desaceleración de los precios, esas partidas registraron en lo que va del año un incremento real del orden de 3%, mientras que el resto debió afrontar un recorte cercano a 10% para conservar el superávit fiscal.
La búsqueda de acuerdos políticos suma otra dificultad. El Poder Ejecutivo pretende reunir respaldo legislativo para modificar la ley electoral y eliminar las PASO, al tiempo que procura construir alianzas con fuerzas afines en las provincias. Ese objetivo abre interrogantes sobre la posibilidad de mantener la reducción de casi 90% aplicada a las transferencias destinadas a las administraciones provinciales.
También podrían intensificarse los reclamos por una recomposición de los ingresos a medida que se acerquen las elecciones. Distintos relevamientos conocidos durante el mes reflejan señales de descontento: la Universidad de San Andrés ubicó en 70% la insatisfacción con la marcha general del país; Giacobbe Consultores indicó que 63% considera mala la situación económica; Zentrix informó que más del 50% agotó el plazo de espera para observar resultados positivos; y Opina Argentina señaló que 39% no llega a fin de mes.
Inversión, empleo e ingresos familiares
Entre los economistas existe coincidencia en que resulta poco probable un escenario disruptivo el año próximo, aunque tampoco se esperan transformaciones económicas de gran magnitud. Uno de los límites está en la composición del crecimiento: el agro, la minería y la energía aparecen como las actividades más dinámicas, pero en conjunto representan 8% del empleo asalariado formal.
La situación es diferente en las ramas que demandan más trabajadores. Un estudio de I+D Industria y Desarrollo estima que durante el año cerrarán 3.300 empresas industriales y se perderán 100.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Fuera de los sectores de mayor dinamismo, la inversión también muestra retrocesos: los datos de Orlando Ferreres y Asociados registran una baja interanual de 8%.
La menor inflación podría favorecer el poder de compra, pero los hogares continúan condicionados por otros gastos. El aumento real de las tarifas de los servicios públicos redujo el ingreso disponible y, más recientemente, se sumó una mayor incidencia de los pagos de intereses y capital de las deudas.
Con la decisión oficial de sostener el programa y su costo social, dentro del espacio libertario surgieron cuestionamientos sobre la forma de presentar las medidas. Voces cercanas al Gobierno plantean que debería explicarse con mayor claridad cuáles serían los beneficios del modelo, en lugar de concentrar la respuesta pública en confrontar con quienes rechazan su orientación.