El Decreto 1366/2026 también fijó un plazo único para la inversión mínima de los proyectos de exportación estratégica y modificó las condiciones de acceso al mercado de cambios.
El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases referido al régimen.
Desde ahora, una sociedad constituida y radicada en la Argentina será considerada proveedor local aunque sus accionistas sean extranjeros o la composición de su capital no sea nacional. También podrán serlo las personas humanas con domicilio fiscal en el país que brinden servicios o suministren bienes a proyectos adheridos. El Ejecutivo sostuvo que el objetivo es incorporar a las empresas instaladas en territorio argentino a las cadenas de suministro de las grandes inversiones. Para los bienes continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
La disposición establece además una fecha límite única para que los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo alcancen el monto mínimo de inversión correspondiente al proyecto en su conjunto. Ese plazo quedará separado de los compromisos previstos para cada etapa, sin modificar los montos fijados para las distintas fases. Según los fundamentos, la medida busca diferenciar ambas exigencias.
El decreto permite que terceros compren acciones de una empresa adherida al RIGI sin que la operación provoque la pérdida de los beneficios del régimen. Sin embargo, el importe de esa compra no podrá computarse para alcanzar la inversión mínima exigida por la ley. Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos utilizados como vehículos de proyectos también podrán ceder participaciones o sumar socios.
En esos casos, la operación deberá informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de su inscripción, contar con el consentimiento de los demás integrantes y acreditar que el nuevo socio asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, quedará aprobada. El socio que se retire mantendrá responsabilidad solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento.
Las sucursales dedicadas podrán transferir, previa autorización, todos los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada para ese fin. La nueva compañía asumirá los beneficios y compromisos de la sucursal, sin necesidad de una nueva adhesión ni cambios en la fecha original o en los plazos. La autorización no sustituirá el consentimiento de terceros que sea necesario para transferir concesiones o permisos. Además, el Banco Central podrá condicionar el acceso al mercado de cambios de empresas beneficiadas por el régimen de cobros de exportaciones: para el cálculo se considerarán también los dólares aportados u obtenidos mediante deuda externa por accionistas directos o indirectos, integrantes de las UTE y casas matrices de sucursales, siempre que se destinen efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables.