La causa será analizada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, luego de que el juez Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto 759/2025.
El Gobierno apeló este jueves la sentencia del juez federal Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La norma había sido promulgada por el Poder Ejecutivo, aunque su ejecución quedó condicionada a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto. Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes.
El magistrado sostuvo que el Ejecutivo no podía suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso después de que ambas cámaras insistieran con su sanción pese al veto presidencial. En consecuencia, ordenó el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
El caso será revisado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La Ley 27.795 había sido sancionada en agosto de 2025 y vetada posteriormente por Javier Milei. Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre y el Senado completó la insistencia el 2 de octubre, en ambos casos con los dos tercios necesarios.
La legislación prevé actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles según la inflación. También dispone la convocatoria obligatoria a paritarias y asigna partidas para investigación. Tras la insistencia del Congreso, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre, pero invocó el artículo 5 de la Ley 24.629 para sostener que su aplicación debía esperar la identificación de los recursos y la incorporación de las partidas presupuestarias.
El conflicto judicial ya había derivado en una medida cautelar dictada por Cormick en diciembre de 2025, que ordenó aplicar los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. La Cámara confirmó esa decisión, que quedó firme el 25 de junio de 2026 cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso estatal por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. El fallo no resolvió entonces la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. La sentencia del 6 de octubre, ahora apelada, consideró que la suspensión dispuesta por el Ejecutivo había funcionado en sus efectos como una nueva instancia de veto no prevista en la Constitución.