Las iniciativas dependerán del Ministerio de Justicia y contemplan capacitación, producción de estadísticas, asistencia a víctimas y seguimiento de medidas judiciales.
El Ministerio de Justicia puso en marcha dos programas vinculados con la política criminal: uno estará orientado a la ciberdelincuencia y la evidencia digital, mientras que el otro coordinará la implementación del régimen penal juvenil. Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.
La Resolución 483/2026 creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal. El asesor Mariano Tomás Rivas estará a cargo de la coordinación, sin percibir remuneración, y deberá realizar el seguimiento de las acciones del programa.
El PRONACIB abordará la preservación y el análisis de la prueba digital, la ciberseguridad aplicada a las investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas. También podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados.
La iniciativa deberá respetar la Ley 25.326 en el tratamiento de datos personales y promover la articulación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y la Cancillería, en el marco de los mecanismos de cooperación del Convenio de Budapest. Con su creación, quedaron derogadas las resoluciones de 2016 sobre el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática y la norma de 2024 que había establecido una mesa de trabajo sobre ciberdelito.
En tanto, la Resolución 484/2026 estableció el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, dependiente de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. La asesora Débora Eliana Di Girolamo será su coordinadora, también ad honorem, y tendrá entre sus tareas organizar la aplicación de la Ley 27.801 en la justicia nacional, ordinaria y federal, capacitar a operadores, elaborar estadísticas y coordinar acciones con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
El programa administrará el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, cuyo reglamento y Manual del Supervisor Juvenil fueron aprobados. Además, prevé protocolos para unificar el acompañamiento del cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, asistencia integral para las víctimas —incluidas orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito— y mecanismos para evaluar el desempeño institucional, el cumplimiento de las medidas y la reincidencia.