La modificación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se analiza antes del plenario de comisiones convocado para este martes a las 16 en Diputados.
El Gobierno de Javier Milei aplicaría cambios al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en medio de negociaciones políticas y advertencias de funcionarios de Estados Unidos. El oficialismo busca reunir los avales necesarios para obtener un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
El expediente original establecía sanciones severas para empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Las modificaciones se habrían definido luego de que la administración de Donald Trump alertara sobre el impacto que esas disposiciones podían tener en compañías estadounidenses.
El apartado cuestionado alcanza a las firmas vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas, liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, además de sus socios comerciales. Según los cambios analizados, las penalidades quedarían limitadas a quienes intervengan directamente en negocios ilegales como operadoras, licenciatarias, proveedoras directas o accionistas directos. Los fondos de inversión indirectos con participaciones accesorias quedarían excluidos.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes a las 16, en el Anexo C de la Cámara baja. La reunión estará encabezada por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, y también fueron convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano. La Casa Rosada supervisa el debate, aunque todavía existen dudas sobre la cantidad de firmas necesarias para cerrar el trámite.
El proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que funcionaría bajo la presidencia del jefe de Estado y tendría facultades para auditar, aprobar o rechazar inversiones extranjeras en energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, actividades espaciales y defensa. Entre los cambios aceptados figuran una comisión bicameral de seguimiento, impulsada por Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y la obligación del Ejecutivo de informar sus medidas de seguridad en un plazo máximo de 48 horas.
La redacción sobre las penas de 5 a 12 años para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública con financiamiento extranjero excluye expresamente al periodismo, la investigación académica, la labor diplomática y la representación abierta de intereses. Además, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, se incorporaría como miembro permanente del Consejo, junto con precisiones sobre las funciones de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo.
Unión por la Patria y el bloque de Provincias Unidas reclaman separar las disposiciones sobre Malvinas de las reformas vinculadas con inteligencia, seguridad interior y desinformación. El calendario legislativo también condiciona el avance: el tratamiento coincide con la discusión del Presupuesto 2027 y las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que la visita programada del Papa y los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre, además del viaje de diputados de La Libertad Avanza a Estados Unidos por las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre, podrían demorar la sanción definitiva.