El Gobierno flexibilizó las reglas del RIGI para sumar proveedores locales

El decreto 1366/26 habilita la participación de sociedades argentinas controladas por capital extranjero y modifica normas sobre transferencias, fusiones y acceso al mercado de cambios.

El Poder Ejecutivo modificó las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 1366/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Los cambios apuntan a facilitar la conformación de redes de empresas proveedoras para los proyectos incluidos en el régimen.

La nueva norma permite que una compañía extranjera constituya una sociedad en la Argentina y participe de un proyecto RIGI como proveedora local. Hasta ahora, para obtener esa consideración se exigía que al menos el 51% del capital fuera argentino. La consultora Paspartú advirtió que esta modificación podría afectar al entramado productivo nacional y Federico Palavecino, socio en MHR, señaló que la composición del capital social no debería impedir la participación en las cadenas de suministro.

Palavecino también sostuvo que limitar la oferta a empresas de capital mayoritariamente argentino en sectores de alta complejidad tecnológica y elevada demanda de capital podría generar cuellos de botella, con riesgos para el cumplimiento de las condiciones de permanencia en el RIGI. A la vez, indicó que el cambio podría no ser bien recibido por proveedores nacionales que evaluaban inversiones para alcanzar la escala requerida por los proyectos.

En paralelo, el Ministerio de Economía abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios del RIGI, prevista para el próximo 2 de diciembre en San Isidro. La convocatoria estará dirigida exclusivamente a hidrocarburos y energía, reunirá a 60 empresas compradoras y a más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país.

En esos sectores hay 14 proyectos aprobados bajo el RIGI: 11 de Oil & Gas, por u$s49.000 millones, y tres de energía, por u$s706 millones. Además, están en evaluación otros 13 proyectos: 11 de hidrocarburos, por u$s117.436 millones, y dos de energía, por u$s458 millones.

El decreto también establece reglas para transferir acciones y concretar fusiones entre empresas participantes. La adquisición de acciones, cuotas o participaciones de un Vehículo de Proyecto Único (VPU) después de presentada la solicitud de adhesión no modifica por sí sola los derechos derivados ni computa como inversión en Activos Computables para cumplir con la Inversión Mínima de Activos Computables (IMAC). La autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar estas operaciones y, si no se pronuncia en 30 días, quedarán aprobadas.

Además, se habilita que el ingreso de divisas al mercado único de cambios para un proyecto RIGI sea realizado por la sociedad titular o por los socios que efectúan sus aportes. Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), se diferencia el IMAC mínimo del proyecto de los compromisos correspondientes a cada etapa. La fecha límite para alcanzar el IMAC total no modifica los montos ni las obligaciones de cada fase y deberá ajustarse a las prácticas del sector para el desarrollo razonable del Proyecto Único.

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