Los titulares tendrán 30 días hábiles para presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar antecedentes que permitan revisar cada caso.
El Gobierno nacional informó este martes que continuarán suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, en el marco de una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones porque no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.
Ravier aclaró que la medida no determina que los titulares no tengan una incapacidad laboral, sino que responde a la falta de información necesaria para verificar que siguen cumpliendo las condiciones previstas por la normativa.
Las personas alcanzadas podrán presentar documentación médica y socioeconómica, explicar por qué no asistieron a las auditorías o aportar otros antecedentes. El trámite se realizará mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, según el procedimiento que establezca el organismo.
El cruce de bases de datos oficiales detectó 38 titulares con dos o más vehículos, 26 con dos o más inmuebles y 40 personas con al menos una propiedad de más de una hectárea. Además, el Ejecutivo informó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión.
Según explicó el vocero, estas pensiones están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. La existencia de bienes registrados a nombre de los beneficiarios fue presentada como un indicio que requiere revisión, pero no acredita por sí misma una maniobra fraudulenta.