La Libertad Avanza no logró avanzar con el dictamen y evalúa cambios en la iniciativa. Hay acuerdo para reforzar las sanciones a las actividades comerciales en Malvinas, pero persisten diferencias sobre las reformas de seguridad interior.
El oficialismo deberá reformular el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional debido a la falta de respaldo para emitir dictamen en la Cámara de Diputados. La iniciativa tampoco fue incluida en la convocatoria oficialista a la sesión prevista para el 21 de octubre, aunque el Gobierno mantiene la expectativa de conseguir el despacho durante este mes.
La Libertad Avanza sólo aceptó hasta ahora incorporar una Comisión Bicameral parlamentaria y eliminar la referencia a la manipulación de la opinión pública. La oposición considera insuficientes esas modificaciones. El MID, representado por el bonaerense Eduardo Falcone, reclama que la acción bélica requiera instancias de aprobación del Congreso.
El peronismo propuso limitar la discusión al primer capítulo, que reúne 40 de los 133 artículos del proyecto, y a esa estrategia se sumó la cordobesa Alejandro Torres, de Provincias Unidas. La bonaerense Mónica Frade, de la Coalición Cívica, cuestionó además la organización del plenario informativo, cuyas invitaciones fueron enviadas durante la noche del martes. De acuerdo con información obtenida por Ámbito, al respaldo del PRO podría agregarse el de la UCR.
El único expositor que logró participar fue Marcelo de los Reyes, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), quien sostuvo que no hace falta una nueva ley porque, bajo el argumento de proteger la soberanía, podría perseguir otros objetivos. En un documento, el CELS advirtió que la definición de las amenazas a la seguridad nacional presenta problemas graves de legalidad y calificó al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) como un mecanismo de castigo administrativo arbitrario cuya aplicación busca ampliarse.
En paralelo, el Reino Unido adoptó medidas frente al avance diplomático argentino en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. Luego de que la Argentina llevara al Tribunal del Derecho del Mar su planteo para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, el gobierno británico envió una carta a Interpol para sostener que los pedidos argentinos de notificación roja respondían a motivos políticos.
Interpol respondió que respetaría el artículo 3 de sus estatutos, que prohíbe intervenciones o actividades de carácter político. Además, el secretario de Estado de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, y el canciller Ed Miliband confirmaron que el Reino Unido promoverá leyes para proteger legalmente las actividades hidrocarburíferas en las islas, desconocer la legislación argentina, impedir embargos y habilitar demandas contra el Estado nacional por costos económicos o financieros derivados de medidas argentinas.