La Secretaría de Energía informó a la Justicia Federal de Río Grande que ambas empresas carecen de permisos para explorar hidrocarburos y afrontan inhabilitaciones de hasta 20 años.
La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación comunicaron a la Justicia Federal de Río Grande que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum no cuentan con autorizaciones argentinas para realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada en respuesta a requerimientos de la jueza Mariel Borruto, quien ordenó suspender de manera precautoria el proyecto offshore Sea Lion, denominado “León Marino”, a raíz de una demanda por presunto daño ambiental y posibles infracciones a la Ley N° 17.319.
De acuerdo con la resolución judicial, ninguna de las dos compañías es titular de permisos de exploración ni de concesiones de explotación otorgados por la autoridad argentina. Además, las firmas de origen británico e israelí no iniciaron ante el Estado nacional los trámites para obtener evaluaciones de impacto ambiental sobre la Plataforma Continental Argentina.
El informe oficial también señaló que ambas empresas tienen sanciones administrativas por desarrollar actividades no autorizadas en zonas marítimas bajo soberanía argentina. Esas medidas prevén una inhabilitación de 20 años para ejercer actividades comerciales o de extracción en el país: Navitas fue sancionada en abril de 2022, durante la gestión de Darío Martínez, y Rockhopper recibió una medida similar en 2013, bajo el mandato de Daniel Cameron.
La causa se tramita en Tierra del Fuego y se inició a partir de presentaciones del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Mientras la Justicia avanza con las notificaciones al exterior para hacer efectiva la cautelar, los directivos de las compañías manifestaron que prevén continuar con la exploración y sostuvieron que poseen permisos de las autoridades de las islas y del Reino Unido.
El Gobierno nacional advirtió que promoverá acciones penales e intimaciones si se comprueba la continuidad de las tareas sobre la cuenca. La jueza Borruto fundamentó la suspensión en la incertidumbre sobre las consecuencias ambientales de una actividad hidrocarburífera de gran escala.