La medida habría sido acordada con ATE tras el desplazamiento de doce trabajadores, aunque todavía no fue confirmada oficialmente ni se definió si alcanzará a todos los cesanteados.
El Gobierno habría acordado reincorporar a trabajadores desplazados de la Quinta de Olivos y destinarlos a otras dependencias oficiales. Los empleados serían reubicados entre la Casa Rosada y las oficinas de la Presidencia ubicadas en la calle 25 de Mayo.
La decisión surgió después de negociaciones entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y el gremio ATE. Sin embargo, la Casa Rosada todavía no confirmó la medida y restan resolver cuestiones administrativas. Tampoco se definió si la reincorporación comprenderá a los doce trabajadores despedidos la semana pasada.
El eventual regreso del personal no modificaría por ahora el esquema anunciado por el Ejecutivo para que la Casa Militar asuma las responsabilidades sobre la Quinta Presidencial de Olivos. La transferencia integral de funciones y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, mientras empleados civiles continúan desempeñándose dentro del complejo.
El presidente Javier Milei designó al coronel Fernando Alberto Tereso, actual segundo jefe de la Casa Militar, para encabezar la reorganización de la residencia. El nuevo esquema contempla una sustitución progresiva del personal civil remanente por integrantes de las Fuerzas Armadas, que pasarían a realizar tareas de peluquería, jardinería, cocina y cuidado de los perros.
Los despidos se produjeron en el marco de la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y de una reorganización de las áreas de seguridad, administración y control. Entre las versiones sobre los motivos se mencionaron supuestas filtraciones de información privada, reuniones nocturnas, cuestionamientos por la compra de mercadería y presuntas irregularidades vinculadas con un emprendimiento gastronómico.
La diputada Marcela Pagano denunció a Karina Milei, Belén Agudiez y al exintendente de la Quinta de Olivos Osvaldo Sosa, entre otros, para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con un emprendimiento de catering y con mercadería adquirida mediante licitaciones oficiales. También cuestionó una licitación por 700 millones de pesos para tareas de mantenimiento y jardinería, que aseguró que habría sido direccionada.