Adrián Ravier defendió la vigencia del DNU 70 de 2023 y afirmó que la apertura a compradores extranjeros busca atraer inversiones sin alterar los controles en zonas fronterizas.
El vocero presidencial Adrián Ravier respaldó la eliminación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70 de 2023 y rechazó que la medida implique riesgos para la soberanía, la seguridad fronteriza o la jurisdicción nacional.
La explicación oficial se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que mantenía suspendida la derogación. Según detalló el funcionario en una conferencia de prensa, el máximo tribunal desestimó el planteo de una organización porque no contaba con legitimación.
Ravier también cuestionó las iniciativas impulsadas por sectores opositores en el Congreso de la Nación para restablecer el límite del 15% a la propiedad extranjera de campos e inmuebles productivos. De acuerdo con la postura del Gobierno, la eliminación de esa restricción apunta a promover capitales de largo plazo destinados a infraestructura, biotecnología, sistemas de riego y desarrollo agropecuario.
El vocero afirmó que quienes compren tierras quedarán sujetos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción de la República Argentina. Además, aclaró que la derogación no modifica el régimen específico de las zonas de seguridad de fronteras, que conserva sus controles sobre la adquisición y tenencia de inmuebles.
En su exposición, Ravier sostuvo que la tierra continúa dentro del territorio argentino y negó que la medida afecte la soberanía territorial. También consideró que la Ley de Tierras era incompatible con la Constitución, al señalar que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los argentinos y pueden trabajar la tierra y desarrollar industrias.
Por último, el funcionario cuestionó el intento de reinstalar regulaciones que, según planteó, otorgaban al Estado facultades para fijar precios, establecer cupos, exigir permisos e intervenir en acuerdos entre privados. En ese marco, defendió el DNU 70 de 2023 y presentó la discusión como una definición entre un modelo basado en autorizaciones estatales y otro centrado en producir, comerciar y competir en libertad.