La resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre, dispuso la desvinculación de la especialista, que coordinó en Argentina un estudio internacional sobre plaguicidas.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, mediante la resolución 366. La medida constituye la sanción disciplinaria más grave del régimen de empleo público nacional y dispone su desvinculación del organismo.
Aparicio trabaja desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta en Balcarce, donde investigó sobre plaguicidas, suelos, agua y prácticas agrícolas. En 2020, el organismo había aprobado su participación en el proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea y coordinado por investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
La iniciativa reunió a equipos de diez países europeos y de Argentina para estudiar la exposición a productos fitosanitarios y sus posibles efectos. Durante 2021 se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se tomaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los resultados difundidos figuró la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas analizadas, además de mezclas de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. La detección de un compuesto, por sí sola, no demuestra que haya causado una enfermedad.
El sumario administrativo se inició después de que las autoridades suspendieran, en junio de 2023, una reunión destinada a presentar los resultados a los participantes. En 2024, el Inta resolvió retirar a Argentina del proyecto. El expediente incluyó ocho imputaciones por presuntas irregularidades, entre ellas el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la intervención de un colaborador sin designación formal y supuestos incumplimientos administrativos y financieros.
La defensa de Aparicio negó las acusaciones y afirmó que el traslado de muestras estaba contemplado en el protocolo internacional, que los datos de los participantes habían sido protegidos y que el estudio contaba con financiamiento de la Unión Europea. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción. Según los fundamentos difundidos, el organismo reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal ni antecedentes disciplinarios, y que tampoco se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Aun así, el Consejo Directivo consideró que los incumplimientos eran suficientes para disponer la exoneración y rechazó los planteos de nulidad.
La decisión provocó cuestionamientos de organizaciones científicas, sindicatos, agrupaciones socioambientales y sectores vinculados con los derechos humanos, que denunciaron persecución institucional y reclamaron libertad de investigación. El 15 de octubre, antes de conocerse la sanción definitiva, Aparicio había presentado los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La investigadora y su defensa aún pueden recurrir a la Justicia para cuestionar la legalidad y la proporcionalidad de la medida.