La Libertad Avanza prepara una sesión con proyectos sobre discapacidad, morosidad y vandalismo rural, además de iniciativas sobre soberanía y propiedad privada.
La Libertad Avanza formalizará un pedido para sesionar en la Cámara de Diputados el 21 de octubre a las 12. La convocatoria incorporará proyectos que también figuran en la agenda opositora prevista para el jueves 15: la declaración de la emergencia en discapacidad y una respuesta a la morosidad de los hogares.
El oficialismo apunta a que la coincidencia de temarios contribuya a que la sesión opositora no reúna el quórum necesario. En la jornada impulsada por el Gobierno también se buscará blindar el DNU 70/2023 y modificar el Código Penal para incorporar figuras vinculadas con el vandalismo rural, como el ingreso ilegal a establecimientos y los daños a bienes productivos del agro.
La estrategia fue definida en una reunión encabezada por Martín Menem con Javier Sánchez Wrba, Lisandro Nieri, Eduardo Falcone, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, Karina Maureira y José Garrido, representantes del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, La Neuquinidad y Por Santa Cruz. El encuentro también incluyó conversaciones sobre el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisiones comenzará formalmente la próxima semana.
Para la semana próxima, el oficialismo pretende obtener dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y para la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La primera iniciativa prevé aumentar las penas por actividades productivas en las inmediaciones de las islas Malvinas e introduce reformas relacionadas con la seguridad interior. La Libertad Avanza rechazó el pedido opositor para dividirla; hasta ahora, solo el PRO expresó su respaldo, mientras que la UCR y los aliados provincialistas no participaron de los debates previos.
El contenido definitivo de la propuesta sobre propiedad privada todavía no está establecido. El plenario del próximo miércoles podría mantener el límite del 15% de posesión extranjera en cada distrito y eliminar, al mismo tiempo, el tope de 1.000 hectáreas por comprador foráneo. El Gobierno aspira a obtener una mayoría en esa instancia. Si recibe media sanción, el texto deberá regresar al Senado con las modificaciones.
La oposición había anunciado la sesión del 15 de octubre dos semanas antes. En ese contexto, un referente justicialista declaró a Ámbito: “El interés social no se va a apagar porque la sesión sea en dos semanas”. La expectativa oficialista de que esa convocatoria se caiga también se apoya en que la Corte Suprema reestableció la ley de Tierras 10 días después de un fallo en sentido contrario. Si no hubiera quórum, los bloques disidentes quedarían ante el desafío de sostener su narrativa del “principio de revelación”, vincularla con la movilización callejera prevista y continuar trabajando para imponer sus dictámenes sobre morosidad y emergencia en discapacidad el 21 de octubre.
La convocatoria interrumpiría más de un mes y medio sin sesiones en el recinto de la Cámara alta, cuya última citación fue el 9 de septiembre por una iniciativa opositora. En la reunión participó Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien gestiona una partida de $14,9 billones en Obligaciones a Cargo del Tesoro (OACTs), la tercera erogación más onerosa, detrás del Ministerio de Capital Humano y de los servicios de deuda.