Federico Miguel Vázquez Villasanti quedó detenido en Asunción tras la orden de captura emitida por el Ministerio Público contra ocho directivos por una causa de presunta lesión de confianza.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente y CEO de Ueno Bank, se presentó voluntariamente este martes en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Paraguay, en Asunción. El empresario quedó bajo custodia policial y a disposición de la Fiscalía.
Vázquez acudió acompañado por sus abogados. Su defensor, Víctor Dante Gulino, explicó que el empresario se enteró de la orden de captura a través de los medios de comunicación y decidió ponerse a disposición de las autoridades. También señaló que, hasta ese momento, no contaban con mayores detalles sobre la causa.
La orden de detención fue emitida por el Ministerio Público el 3 de noviembre, dentro de la Causa N° 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”. La investigación está a cargo de agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.
La disposición alcanza además a Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. Antes de la entrega de Vázquez, cuatro personas de la lista ya estaban detenidas, entre ellas Torres Rubiani y Rey Fernández, quienes se presentaron en la Comisaría 10ª Metropolitana.
Gulino indicó que el siguiente paso será la convocatoria de la Fiscalía para que Vázquez declare. Luego deberá intervenir el juez penal de garantías, que establecerá las medidas procesales correspondientes. El abogado afirmó además que el empresario se encontraba solo y no presentaba problemas de salud al momento de su detención.
La causa penal se tramita en paralelo al procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay, que incluyó el cese de las autoridades administrativas, la designación de interventores y la suspensión de las operaciones habituales. También se adoptaron medidas judiciales para preservar activos de sociedades vinculadas al grupo empresarial y sus responsables, mientras continúa la investigación sobre el deterioro financiero de la entidad y la devolución de los depósitos a los clientes.