La oposición reclama modificaciones sobre las facultades del Consejo de Seguridad, los protocolos militares y la definición de amenazas externas. El oficialismo no logró dictaminar y retomará la discusión la próxima semana.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados no emitió dictamen sobre el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La reunión realizada el miércoles tuvo carácter informativo y el tratamiento continuará la semana próxima.
La Libertad Avanza buscaba avanzar con el dictamen para llevar la iniciativa al recinto durante la sesión especial solicitada por el oficialismo para el 21 de octubre. Sin embargo, todavía no consiguió los apoyos necesarios.
Hasta ahora, el oficialismo aceptó eliminar el artículo 111, que contemplaba penas por “alterar procesos electorales”, “manipular la opinión pública” mediante “campañas de desinformación masiva” y colaborar con campañas extranjeras de “sabotaje” al orden público.
La oposición también cuestiona las atribuciones del Consejo de Seguridad, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”. Según sus legisladores, esas figuras podrían utilizarse para reprimir la disidencia interna. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade afirmó que “el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político” y que la iniciativa cristaliza “una deriva totalitaria”. Por su parte, el legislador de Provincias Unidas Esteban Paulón sostuvo que el Gobierno busca “crear un estado de sitio no legislado”.
Desde el oficialismo, Silvana Giudici pidió “dejar las diferencias políticas de lado” para respaldar las acciones del Gobierno ante el Tribunal del Mar por el reclamo de soberanía sobre Malvinas. Patricia Vásquez, en tanto, consideró que todos deberían estar “firmando con las dos manos” el dictamen para “defender la patria”.
El proyecto impulsa un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El texto prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones, además de consecuencias económicas para personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de realizar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.