El Reino Unido prepara medidas para proteger el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

Un informe técnico del Parlamento británico describe acciones jurídicas, diplomáticas y comerciales frente a las sanciones y el reclamo argentino. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará el 28 de noviembre.

El Reino Unido diseñó una estrategia para respaldar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, ante las acciones legales y económicas impulsadas por la Argentina. Las medidas están detalladas en un informe técnico publicado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes.

El documento, titulado UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, fue elaborado por Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft para brindar información técnica e imparcial a los legisladores. El análisis identifica como ejes de la ofensiva argentina durante 2026 el reclamo de soberanía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sanciones contra 60 personas y empresas, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La Cancillería argentina formalizó la presentación el 13 de octubre de 2026. Entre sus pedidos figuran la suspensión de los trabajos de explotación y de la infraestructura del consorcio, la prohibición de utilizar datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, la protección del medio marino y el impedimento para que el Reino Unido otorgue nuevas licencias en la plataforma continental disputada. El Tribunal dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares el 28 de noviembre.

Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas y es operado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Sus reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles; las primeras perforaciones comenzarían en enero de 2027 y la extracción está prevista para 2028. Según la información presentada por la delegación argentina durante las audiencias, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles.

Entre las respuestas de Londres, en septiembre la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, difundió una guía oficial para hacer negocios con las Malvinas y ratificó el respaldo a las compañías dedicadas a la exploración. En octubre, el Gobierno británico anunció que aplicaría herramientas de la legislación de Protección de Intereses Comerciales para resguardar a sus empresas de las sanciones extraterritoriales argentinas. Durante las audiencias en Hamburgo, la fiscal general Ellie Reeves advirtió que una paralización podría comprometer miles de millones de libras destinados al desarrollo económico de los habitantes de las islas.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que el arbitraje no busca resolver la soberanía de Malvinas, sino establecer las obligaciones de ambos Estados bajo la Convención del Derecho del Mar respecto de los recursos naturales en los espacios marítimos disputados. También afirmó que el procedimiento continuará cualquiera sea la decisión del Tribunal del Mar. En paralelo, la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para debatir la Ley de Soberanía fracasó por falta de quórum: se reunieron 126 legisladores, tres menos que los 129 necesarios.

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