El proyecto modifica los cupos para biodiésel y bioetanol, reduce progresivamente la participación de pymes regionales y genera objeciones por el impacto sobre el empleo.
El proyecto de reforma del régimen de biocombustibles, que ya cuenta con sanción del Senado y comenzó a ser debatido este martes en comisión de Diputados, abrió una disputa entre las provincias productoras y las empresas del sector. El eje del conflicto es el nuevo esquema de distribución del mercado interno.
La iniciativa eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil al 7,5%, con un aumento al 10% al año, y lleva el de bioetanol en las naftas al 12%, con una suba al 15% al año. Para el bioetanol, contempla un 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% para el de maíz y un 3% para el libre mercado. El segmento cañero quedaría garantizado durante 15 años.
En el biodiésel, en cambio, el cronograma parte de un corte del 7,5% y reduce progresivamente la participación reservada hasta llegar al 3% en 2031. Las pymes regionales y productoras no integradas quedarían con un piso del 4% desde ese año. Las empresas bonaerenses sostienen que dependen del cupo obligatorio estatal y que la modificación las dejaría sin protección.
Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), afirmó en Diputados que el sector acepta modernizar el régimen, pero cuestionó que el cambio pueda llevar a la quiebra a cinco pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras. También pidió elevar el corte de biodiésel al 12,5% y advirtió que no se debe mejorar la situación de las provincias productoras de bioetanol a costa de las que elaboran biodiésel.
Según Martelli, las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos producen el 65% del biodiésel del país y rechazan el proyecto. El dirigente agregó que los gobiernos bonaerense, pampeano y puntano también están en contra. En sentido contrario, Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), respaldó el texto del Senado y sostuvo que mantiene herramientas de protección para las empresas no integradas y las pymes, además de plazos de 10 años para invertir y crecer.
Argentina produce casi 900.000 toneladas de biodiésel para el mercado interno y el sector genera 9.500 puestos de trabajo. Las grandes aceiteras exportadoras fueron afectadas por aranceles aplicados en Estados Unidos y por derechos antidumping de la Unión Europea, en un contexto de caída de las exportaciones. Idígoras reclamó que Diputados apruebe la ley y Martelli planteó que La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero no consenso.