El Senado bonaerense dio media sanción a la empresa estatal de medicamentos y no trató la ley Rappi

Durante su quinta sesión del año, la Cámara aprobó cambios en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal y envió el SIPBA a comisión.

El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción este jueves al proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A., una sociedad en la que el Estado provincial tendrá el 99% del capital social. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y pasó a la Cámara de Diputados con el respaldo del peronismo.

La empresa tendrá entre sus objetivos investigar, producir y comercializar medicamentos e insumos médicos, con prioridad para el abastecimiento del sistema público de salud y de los municipios. La propuesta fue rechazada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión y Libertad y Hechos.

Durante el debate, la senadora Emilia Subiza cuestionó la creación de una nueva estructura y reclamó atender primero los problemas de los hospitales y de IOMA. Mencionó faltantes de insumos, dificultades edilicias y deficiencias presupuestarias, además de copagos y demoras en los pagos a prestadores. Marcelo Leguizamón sostuvo que el proyecto, presentado en 2024, podía reemplazarse por modificaciones en los procedimientos administrativos existentes.

El tratamiento del Sistema Integrado de Salud bonaerense no avanzó: el expediente fue enviado a la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por Valeria Arata. Entre los puntos objetados figura el artículo 43, que proponía equiparar los salarios de la carrera hospitalaria municipal con los provinciales y generó cuestionamientos sobre el financiamiento municipal. También quedó fuera del temario la iniciativa para regular las aplicaciones de reparto, conocida como “ley Rappi”.

La Cámara convirtió en ley una modificación de la Ley N.º 15.561, que regula el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. La reforma permite disponer libremente de la primera cuota del fondo, que podrá destinarse a salarios, aguinaldos y gastos de funcionamiento. La comisión bicameral de seguimiento deberá definir las condiciones de las cuotas restantes; Diputados ya designó a sus representantes y el Senado todavía debe completar esa integración.

Además, se aprobó la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, cambios en los beneficios e incentivos fiscales para el Área Patagónica y la Zona Austral Desfavorable, una norma sobre el derecho a la comunicación y los vínculos afectivos de niños y adolescentes alojados en hogares o familias de acogida, y la adhesión a la Ley Nacional N.º 27.671 para establecer capacitaciones obligatorias sobre la Cuestión Malvinas en la función pública bonaerense.

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