La reunión comenzó a las 11 y es la primera de las tres sesiones previstas para las últimas dos semanas del período ordinario. También se analizarán la Ley Joaquín y la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El Senado convocó a una sesión para avanzar con proyectos que ya obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, mientras continúa la tensión en torno a la reforma electoral. La estrategia oficialista contempla otras dos reuniones: el 25 de noviembre, con la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el 26 de noviembre, cuando el Gobierno espera tratar la reforma electoral.
Entre los principales asuntos figura la ley de fortalecimiento presupuestario para la discapacidad. El proyecto fija requisitos para acceder a pensiones, permite compatibilizarlas con un empleo formal, garantiza la cobertura de salud y establece un esquema de rehabilitación para pensiones suspendidas. El oficialismo confirmó además que fueron eliminados del Presupuesto 2027 los artículos que afectaban al sector.
También se tratará la iniciativa de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos. El texto dispone que la utilidad pública tenga una interpretación restrictiva, limita a 90 días la ocupación temporánea anormal y garantiza 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando el desalojo involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. La ley de Tierras y la de Manejo del Fuego habían quedado fuera de la redacción debatida en agosto.
La agenda incorpora la apertura del cabotaje marítimo y fluvial, con una mayor participación de buques extranjeros, una adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, orientada a establecer medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados. El tratado de patentes recibió 147 votos a favor y 93 en contra en Diputados. Además, se analizarán protocolos para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes en ámbitos educativos, deportivos, religiosos y culturales.
La sesión también constituye el primer paso para designar autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que controla la situación de los centros de detención y la actuación de las fuerzas de seguridad. Los candidatos propuestos por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli; por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia fue designado Leonardo Szuchet. El CELS objetó la postulación de Zarabozo por considerar que carece de antecedentes, idoneidad e independencia, y sostuvo que su trayectoria en instituciones que el Comité debe controlar podría poner en riesgo la autonomía del organismo.