La iniciativa obtuvo dictamen en un plenario de comisiones y podría llegar al recinto el 19 de noviembre, tras haber sido aprobada en Diputados por 237 votos.
El proyecto que establece un nuevo esquema de financiamiento para las prestaciones por discapacidad avanzó en el Senado con el respaldo mayoritario del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Población. La propuesta busca reemplazar la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad y vence el 31 de diciembre de este año.
La intención oficialista es llevar el texto al recinto el 19 de noviembre. En esa misma sesión también podría incorporarse el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En la Cámara de Diputados, la iniciativa había sido aprobada con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
El principal rechazo en el Senado fue planteado por Alejandra Vigo, representante del oficialismo cordobés, en línea con la postura de ese bloque en Diputados. La senadora cuestionó que la redacción contemple una compensación del 28% y afirmó que “el nomenclador único está 43% abajo que en el 2017”. También pidió fijar una vigencia temporal, eliminar la definición de “ingresos netos” por considerar que puede hacer incompatible la pensión con otras prestaciones como la AUH y contemplar que las provincias financian parte del sistema.
La iniciativa fija como límite para acceder a la prestación ingresos individuales inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para noviembre del 2026, ese tope es de $797.600. El monto de la pensión equivaldría al 70% de una jubilación mínima, cuyo valor alcanza los $310.910.
El proyecto exige el Certificado Único de Discapacidad, la acreditación de identidad, edad y nacionalidad, además de una evaluación socioeconómica. Para las personas extranjeras establece una residencia legal mínima y continua de cinco años. La pensión sería compatible con un empleo formal mientras los ingresos no superen el límite, y podría rehabilitarse cuando finalice el vínculo laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo de esa suma.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tendría a su cargo auditorías y controles periódicos, con notificación y plazo para descargo antes de una eventual suspensión preventiva. El texto también garantiza cobertura de salud mediante un programa que incluya las prestaciones básicas de la Ley 24.901, prevé recursos presupuestarios suficientes y fija que el ingreso por beneficiario no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal de $598.912 millones, equivalente al 0,04% del PBI, para 2027, y superior a $1,2 billones, el 0,07% del PBI, para 2028.