El Senado fue convocado para sesionar desde las 11, con un temario que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma del régimen de biocombustibles, tres pliegos de jueces y la transferencia de competencias desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. La agenda fue acordada entre el oficialismo y los bloques aliados en una reunión de Labor Parlamentaria.
La incorporación de la iniciativa sobre biocombustibles fue una de las condiciones del entendimiento alcanzado para habilitar el debate. Sin embargo, persisten diferencias en torno a la protección de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al biodiésel, un punto cuestionado por fuerzas aliadas vinculadas a las provincias del centro del país.
Los proyectos que quedaron fuera del temario
La misma reunión resolvió trasladar a la próxima semana la discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una propuesta referida al Mercado Voluntario de Carbono. La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó que el tratamiento de los cambios en el Banco Central se demoró por una diferencia relacionada con la elección de sus directores.
El oficialismo sostiene que cuenta con los votos para convertir en ley Inocencia Fiscal. La propuesta busca captar dólares que, según el planteo de la iniciativa, los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero. Entre sus disposiciones, modifica el criterio de “discrepancia significativa”, que define cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede cuestionar una declaración simplificada.
De acuerdo con el texto, se considerará significativa una diferencia que produzca un aumento del impuesto determinado o una disminución de quebrantos de al menos 15% frente a lo declarado por el contribuyente. El proyecto será uno de los ejes centrales de la sesión junto con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.
La disputa por el biodiésel
La reforma de biocombustibles prevé una división entre compañías integradas, habilitadas a participar en distintos tramos de la cadena productiva, y firmas no integradas. Las pymes reclaman conservar una participación de 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contempla una reducción gradual de esa presencia hasta su eliminación en 2036.
En el esquema propuesto, cuando el corte de biodiésel llegue al 10%, las empresas no integradas tendrían una participación de 6,5% del mercado total. Ese porcentaje bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Desde 2032, el 7% del mercado podría ser comercializado entre todas las empresas, una alternativa que los aliados cuestionan por considerar necesario preservar un lugar para las pymes del sector.
También se debatirá el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos penales cometidos por menores y de integridad sexual. Con esos asuntos reunidos en una misma convocatoria, la sesión pondrá a prueba el acuerdo legislativo que permitió ordenar el temario.