La Sala III confirmó la infracción detectada en el traslado de mercaderías, pero fijó la sanción en el 20% del valor de los bienes al considerar que existía documentación para identificar y controlar la operación.
La Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires resolvió el 22 de octubre de 2026 el caso Speedagro S.R.L., originado en una multa de $43.905.494,80 aplicada por ARBA. La sanción equivalía aproximadamente al 69% del valor de las mercaderías transportadas, estimado en $63,6 millones.
El procedimiento se realizó el 30 de enero de 2025. Durante el control se presentaron dos remitos clase R cuyo Código de Autorización de Impresión (CAI) no pudo ser validado mediante la consulta al organismo tributario nacional. La empresa atribuyó el inconveniente a un error de su sistema administrativo, que había utilizado un CAI vencido, aunque sostuvo que existía otro código válido para el rango de numeración correspondiente. También había generado previamente los Códigos de Operación de Traslado (COT).
Esos COT contenían datos sobre los bienes, los participantes de la operación, el vehículo, el origen y el destino de la carga. Sin embargo, ARBA consideró que los remitos no cumplían las condiciones exigidas por la Resolución General 1415/2003 de la entonces AFIP y por las normas provinciales. El Tribunal confirmó que existió una infracción, pero la mayoría entendió que la documentación disponible impedía equiparar el caso con un traslado completamente indocumentado.
Por ese motivo, la mayoría encuadró la conducta en el supuesto menos gravoso previsto por el artículo 82 del Código Fiscal bonaerense y redujo la multa al 20% del valor de la mercadería. El importe resultante se aproxima a $12,7 millones. El fallo también señaló que la verificación de la vigencia y correspondencia del CAI era una obligación de sencillo cumplimiento, por lo que no correspondía eximir a la empresa de la sanción mediante el artículo 71 del Código Fiscal.
La vocal María Fernanda Campo coincidió en que había una infracción y en que la multa original debía reducirse, pero votó en disidencia sobre el encuadre. Consideró que un remito con un CAI no validado no constituía documentación jurídicamente eficaz y propuso aplicar la escala prevista para la ausencia total de documentación, con una sanción equivalente al 50% del valor de los bienes. La diferencia entre ambas posiciones radicó en determinar si un comprobante defectuoso debía considerarse documentación deficiente o inexistente.
La decisión mayoritaria ponderó que la mercadería podía ser identificada y que los elementos disponibles permitían reconstruir el traslado. El antecedente fue relacionado con los pronunciamientos Acindar y Uole, en los que también se consideraron las deficiencias documentales junto con la posibilidad efectiva de fiscalización. El fallo sostuvo así que la existencia de una infracción formal no determina, por sí sola, la aplicación de la sanción más elevada.