El encuentro en el Palacio Pizzurno habría durado entre tres y cinco minutos antes de que un funcionario de Capital Humano retirara al secretario de Educación de su despacho.
Estudiantes que participaron del ingreso al Palacio Pizzurno aseguraron que mantuvieron una breve reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para plantear la situación de las becas Progresar. Según sus testimonios, el encuentro fue interrumpido por una comunicación telefónica de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Agostina Olivera, una de las participantes, relató que Torrendell comenzó a escucharlas y que luego recibió el llamado. De acuerdo con su versión, Pettovello le habría dicho que no podía negociar con ellas y que, si no las echaba en cinco minutos, quien terminaría fuera del Gobierno sería él. Olivera sostuvo que el funcionario bajó el volumen del teléfono mientras se desarrollaba la conversación.
La estudiante agregó que Torrendell salió de la sala y luego regresó para retomar la reunión. En ese momento, según su relato, ingresó el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano y le indicó que no podía continuar allí, tras lo cual se lo llevó de su propio despacho.
Valentina Aira, estudiante y consejera superior de la UBA, coincidió en que la reunión duró alrededor de tres minutos y que fue interrumpida por una llamada de Pettovello. También afirmó que se escucharon gritos y que el funcionario de Capital Humano le manifestó a Torrendell que no había nada que hablar ni negociar con los estudiantes. Luego, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habría ingresado, gritado a los presentes, grabado un reel de 30 segundos y retirado.
En paralelo, el juez federal Martín Cormick concedió el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional contra la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente pasará a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque continúa vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley.
La apelación fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, contra la resolución del 6 de octubre. El juzgado había cuestionado la disposición que supeditaba la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la inclusión de las partidas necesarias en el presupuesto. Cormick aclaró que seguirá el trámite de ejecución de la cautelar vigente.