El hecho ocurrió el 13 de noviembre durante trabajos de renovación de la red de Metrogas y dejó dos trabajadores muertos, alrededor de 30 heridos y daños graves en viviendas y comercios.
La explosión de gas registrada en Remedios de Escalada, partido de Lanús, es investigada por la Justicia. Las víctimas y sus familias pueden analizar distintas vías de reparación mientras avanzan las pericias sobre la rotura de la cañería, las medidas de prevención adoptadas y la respuesta ante los avisos de fuga.
Los derechohabientes de Marcelo García, de 47 años, y Julián Da Alesandro, de 44, pueden acceder a las prestaciones económicas del sistema de riesgos del trabajo y a los beneficios previsionales que correspondan. También deben evaluarse la indemnización por fallecimiento prevista en la Ley de Contrato de Trabajo y eventuales acciones civiles contra quienes resulten responsables. Esos reclamos podrían incluir la pérdida del sostén económico familiar, los gastos vinculados con el fallecimiento y los daños extrapatrimoniales de los familiares legitimados.
La participación de una ART no necesariamente agota las responsabilidades. Nicolás Schick, abogado especialista en accidentes de alta complejidad en la industria del gas y el petróleo, señaló que la contratación de una empresa para ejecutar la obra no libera necesariamente a las partes de las obligaciones derivadas de la actividad. A su criterio, corresponde examinar la eventual responsabilidad civil de Metrogas como prestadora del servicio y titular de la infraestructura, sin perjuicio de las obligaciones de la contratista. La responsabilidad civil y la eventual responsabilidad penal deberán analizarse por separado.
Los damnificados por la destrucción de viviendas pueden reclamar daños materiales sobre muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. Para respaldar esas pérdidas, resulta importante conservar fotografías, videos, presupuestos y comprobantes. Quienes tengan seguro de hogar deberán revisar la cobertura y denunciar el siniestro. Los comerciantes también podrían reclamar el lucro cesante por las ganancias que razonablemente dejaron de percibir durante la interrupción de sus actividades.
Cuando se cumplan los requisitos legales, las familias que perdieron sus casas pueden solicitar medidas cautelares para exigir una solución habitacional transitoria. Además, las víctimas pueden documentar informes médicos, gastos y presupuestos, identificar a las aseguradoras y a los posibles responsables, y recurrir a intimaciones formales, instancias de mediación o acciones civiles sin que todos los reclamos deban esperar necesariamente el cierre de la causa penal.
También puede evaluarse un pedido de daño punitivo, previsto en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, como sanción económica adicional frente a determinados incumplimientos de proveedores. Su aplicación no es automática: debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales y la existencia de una relación de consumo. Las indemnizaciones, según el caso, pueden abarcar daños físicos, materiales, psicológicos y morales.