El gobierno de Emmanuel Macron prepara un amplio despliegue tras los disturbios, saqueos y enfrentamientos del 17 de octubre. Sindicatos, estudiantes y sectores de la oposición cuestionan la respuesta oficial.
El movimiento de los chalecos amarillos convocó para el próximo sábado una nueva manifestación en París, en un escenario de fuerte tensión social tras los incidentes registrados durante el último fin de semana. La marcha atravesará sectores de la capital donde hubo destrozos y robos, y también contará con la participación de organizaciones estudiantiles que reclaman mayores inversiones en educación.
La convocatoria supone un desafío para el presidente Emmanuel Macron, cuyo gobierno prepara un operativo de seguridad reforzado. Los disturbios del 17 de octubre alcanzaron especial intensidad en París, Marsella, Lyon y Limoges, donde las fuerzas policiales necesitaron varias horas para recuperar el control. Las autoridades reconocieron deficiencias en la respuesta inicial y anticiparon el despliegue de más agentes y personal militar.
Macron tiene previsto reunirse este jueves con los servicios de inteligencia, mientras que el primer ministro Sébastien Lecornu se encontrará este miércoles con representantes de las principales organizaciones sindicales. En una carta previa a la reunión, Lecornu defendió la preservación de “la indispensable libertad de manifestación” y advirtió sobre los intentos de vincular las protestas con “actos inaceptables”.
Las centrales gremiales reclamaron que el Ejecutivo priorice una salida política antes que una respuesta policial. Sophie Binet, secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostuvo en declaraciones a la emisora RTL que existe “una ira enorme y legítima” y que la respuesta no debe ser “la represión”, sino una solución política. Además, las principales organizaciones sindicales convocaron a una jornada nacional de movilización para el 5 de noviembre.
La crisis también provocó críticas de la oposición. Marine Le Pen afirmó durante una entrevista con Franceinfo que “el gobierno ha perdido el control de todo”. Francia Insumisa (LFI), en tanto, rechazó el posible uso de efectivos militares en París y señaló, mediante un comunicado, que “los manifestantes no son enemigos internos” y que el gobierno no debe “entrar en guerra contra su propio pueblo”.
La conflictividad tuvo repercusiones en los mercados financieros: los costos de financiamiento del Estado francés aumentaron y el rendimiento de los bonos soberanos a diez años llegó al 5%, el nivel más alto desde julio de 2002. Los analistas atribuyeron la preocupación de los inversores al riesgo de que la continuidad de los disturbios complique el ordenamiento de las finanzas públicas. Mientras tanto, una segunda noche consecutiva de toques de queda locales transcurrió sin incidentes graves en las zonas afectadas.