Granja Tres Arroyos SA solicitó la apertura de un concurso de acreedores ante la Justicia comercial, en un intento por ordenar su situación financiera y evitar la quiebra. La presentación apunta a abrir una negociación con el conjunto de los acreedores para acordar mecanismos de pago que pueden contemplar quitas, períodos de gracia o plazos extendidos, mientras la empresa procura sostener su funcionamiento.
El trámite quedó radicado en el Juzgado Comercial 21-Secretaría 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La causa se incorpora al procedimiento que ya había iniciado Wade SA, una de las tres sociedades que integran el grupo GTA.
Un resguardo judicial para negociar
La aceptación del pedido implicaría la inhibición general de bienes y la suspensión de ejecuciones individuales y embargos promovidos por acreedores. Ese marco busca impedir que los reclamos particulares afecten la continuidad de la firma durante el proceso de reorganización de sus cuentas y de su flujo de caja.
La compañía atraviesa un escenario de menor producción y demanda, con obligaciones impagas y cheques rechazados que comprometen su sostenibilidad operativa. Según registros del Banco Central citados en el material, Granja Tres Arroyos SA registra 6.702 cheques rechazados por más de 114.425 millones de pesos y deudas bancarias superiores a 41.827 millones de pesos. El pasivo total del grupo fue estimado en 350,9 millones de dólares.
A fines de 2024, la empresa había ingresado en un proceso preventivo de crisis. Desde entonces, aplicó recortes internos, un programa de retiros voluntarios y un esquema de cumplimiento de obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”, de acuerdo con la información difundida.
Plantas afectadas y conflictos laborales
La mayoría de las plantas del grupo se encuentran paralizadas o con actividad por debajo de su capacidad, en un cuadro que incluyó despidos y suspensiones. En Capitán Sarmiento fueron desvinculados 700 trabajadores. También se registraron 200 desvinculaciones en Tristán Suárez, además de cesantías en Concepción del Uruguay y suspensiones en Río Cuarto y Pilar.
En las comunicaciones de despido, la firma sostuvo que enfrenta “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, vinculada, según su explicación, con circunstancias extraordinarias ajenas a su voluntad que afectaron su actividad. La empresa atribuye la crisis, principalmente, a dos brotes de gripe aviar ocurridos en 2023 y a principios de este año, que cerraron exportaciones hacia la Unión Europea, China y Chile. Aunque la Unión Europea reabrió recientemente el mercado para la carne aviar argentina, la compañía arrastra deudas acumuladas.
Analistas del sector, en cambio, señalaron a la apertura de importaciones y al ingreso de pollos brasileños a bajo precio como un factor central de la crisis. El sindicato de la Alimentación planteó además la sospecha de una posible estrategia destinada a licuar deudas.
Ante los puestos de trabajo comprometidos, Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora mantuvieron una reunión para evaluar alternativas de asistencia financiera, fiscal y de contención laboral. Desde los sindicatos advierten que una reactivación dependerá de la aprobación accionaria de un plan de reestructuración de deuda o de la llegada de inversores privados.
El caso se desarrolla en un contexto que el CEPA describió como de cierre de unidades productivas y pérdida de empleo: su informe indicó que, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, se redujo la cantidad de empleadores y la industria manufacturera fue el sector más afectado en puestos de trabajo. Para Granja Tres Arroyos, el concurso será ahora la instancia formal para intentar acordar una salida con sus acreedores.