Otros 77 cargos están en el Poder Ejecutivo y 30 esperan tratamiento en el Senado. Además, el Consejo registra 75 concursos en trámite.
El Poder Judicial de la Nación tiene 266 cargos pendientes de cobertura, ubicados en distintas etapas del procedimiento de selección y designación de magistrados. De ese total, 159 permanecen en el Consejo de la Magistratura, 77 fueron remitidos al Poder Ejecutivo y 30 aguardan su tratamiento en el Senado.
Los registros del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo consignan también 75 concursos en trámite. Esa cifra no equivale al número de vacantes, ya que un mismo proceso puede abarcar uno o varios cargos judiciales.
Frente a este escenario, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, propuso modificar el régimen de concursos, medir los resultados de las reformas procesales, evaluar de manera periódica el desempeño de los jueces y fortalecer una cultura institucional orientada al servicio de los ciudadanos. Las iniciativas fueron desarrolladas en un artículo publicado en El Derecho.
Entre los cambios planteados figura la adopción de concursos anticipados como mecanismo habitual, para iniciar la selección antes de que se produzcan las vacantes. El proyecto de nuevo Reglamento de Concursos, aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo para su consideración, también contempla un legajo digital auditable, criterios de puntuación previamente establecidos, anonimato en las evaluaciones técnicas y reglas objetivas para conformar ternas y listas complementarias.
La propuesta reduce además el peso de las entrevistas personales: podrían otorgar hasta 20 puntos sobre un total de 200, equivalentes al 10% de la calificación final. El sistema de evaluación técnica estaría dividido en dos etapas. Santiago sostuvo que esas medidas mejorarían la credibilidad y legitimidad de los candidatos y reducirían la cantidad y el tiempo de las vacantes judiciales.
Otro eje consiste en comparar la duración y la eficiencia de los procesos antes y después de las reformas normativas, con el objetivo de identificar qué herramientas permiten resolver los expedientes con mayor rapidez. También se plantea evaluar periódicamente la gestión de los tribunales para detectar buenas prácticas, problemas de organización y diferencias de desempeño entre juzgados con cantidades similares de personal, infraestructura y herramientas procesales.
El debate incluye, finalmente, la necesidad de consolidar una cultura de servicio al ciudadano dentro del Poder Judicial. La próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura fue señalada por Santiago como una oportunidad para discutir propuestas sobre transparencia, eficiencia y calidad institucional.