El empresario fue secuestrado frente a su familia el 16 de noviembre de 1998 y apareció asesinado horas después. La Justicia determinó que el móvil fueron dos seguros de vida.
Héctor Corradini salió de su casa del barrio Los Naranjos, en la ciudad de Córdoba, después de que un hombre preguntara por él. Su esposa y sus hijos quedaron dentro de la vivienda. Durante la madrugada del 17 de noviembre de 1998, el panadero fue encontrado muerto en su automóvil, maniatado, amordazado y con disparos en la cabeza.
Corradini era dueño de la panadería que llevaba su apellido, ubicada sobre la avenida Fuerza Aérea, y presidía la cooperadora del precinto policial 36. También era amigo personal del exgobernador Eduardo Angeloz. La noche del crimen, Brígida Mercedes Segalá denunció que su marido había sido víctima de un asalto.
Con el avance de la investigación, la Justicia descartó esa explicación. Según el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Segalá conocía la identidad de uno de los hombres que se llevaron a Corradini y no se la comunicó a la Policía. La acusación también señaló que el matrimonio atravesaba un deterioro y que un divorcio podía dejarla sin cobrar los seguros de vida ni participar de la sociedad de la panadería.
Uno de los seguros había sido contratado un mes antes del homicidio. Segalá lo cobró en menos de diez días y mantuvo ese dato oculto durante la investigación; sus hijos también figuraban como beneficiarios de al menos una póliza. Meses después, además, le entregó parte del dinero a uno de los captores. El abogado de las hijas de Corradini, Carlos Nayi, sostuvo que “dos seguros de vida motorizaron un proyecto criminal”.
El primer juicio se realizó en 2011 y terminó con la absolución de Segalá por el beneficio de la duda. El Tribunal Superior de Justicia anuló esa decisión y ordenó un nuevo proceso. En 2016, la Cámara Tercera del Crimen la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por precio o promesa remuneratoria. En 2018, el máximo tribunal cordobés confirmó la pena y agregó el agravante de codicia. En noviembre de 2021, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja y la condena quedó firme.
Víctor Hugo “Mandrake” Quinteros también recibió prisión perpetua como autor material. Dos policías juzgados en 2011, Reynaldo Aguilar y Mario Onainty, no fueron condenados por el homicidio. La investigación sobre la posible participación policial quedó bajo revisión: según la querella, el arma calibre 32 marca Tanque utilizada en el asesinato salió de una dependencia policial dentro de un sobre lacrado y luego regresó al mismo lugar. Segalá, que cumple la pena en el complejo penitenciario de Bouwer, negó su participación en una entrevista con Cadena 3 realizada en diciembre de 2018.