La actividad reúne empresas de genética, cultivo, investigación, equipamiento y servicios, aunque la implementación parcial de la Ley 27.669 mantiene frenados proyectos comerciales y reduce el acceso a nuevos mercados.
La industria del cannabis en Argentina consolidó capacidades en investigación genética, cultivo, elaboración de derivados, fabricación de equipamiento y prestación de servicios tecnológicos. Sin embargo, todavía funciona de manera fragmentada y permanece concentrada en los circuitos medicinales, científicos y de servicios. La Expo Cannabis 2026, realizada en La Rural, reunió a empresarios, productores e investigadores para analizar las oportunidades y las dificultades de la actividad.
La Ley 27.350 y el REPROCANN permitieron organizar el acceso para pacientes, cultivadores y asociaciones civiles autorizadas. En cambio, la Ley 27.669, sancionada en 2022 para impulsar el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, aún no se implementó plenamente. El uso adulto tampoco cuenta con un régimen integral de producción y comercialización legal.
Según explicó a Ámbito Luis Osler, presidente de la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA), la entidad reúne actualmente a 56 empresas que generan más de 2.000 empleos directos y vinculados, y proyecta sumar al menos otras 20 firmas durante 2027. Esas cifras fueron aportadas por la cámara y no constituyen un relevamiento oficial de toda la industria. La actividad incluye criaderos, viveros, growshops, fabricantes de insumos y equipamiento, empresas tecnológicas y servicios profesionales.
La cadena también enfrenta obstáculos en genética, procesamiento y financiamiento. CAINCCA señala que existen alrededor de 50 variedades registradas y más de 300 que estarían en condiciones de habilitarse, aunque Osler sostiene que los registros permanecen prácticamente paralizados desde diciembre de 2023. Para convertir la producción primaria en bienes comercializables se necesitan instalaciones, tecnología, controles de calidad, capital y canales de distribución.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) fue creada para administrar licencias y fiscalizar las actividades, pero su funcionamiento continúa siendo parcial. En septiembre estableció un nuevo régimen de licencias para el cáñamo hortícola y en octubre el Gobierno renovó por un año su intervención, con Ignacio Ferrari al frente. De acuerdo con Osler, la falta de aplicación de otros mecanismos previstos por la ley genera incertidumbre jurídica, desalienta inversiones y mantiene proyectos paralizados. El dirigente también advirtió que Argentina pierde competitividad frente a Uruguay, Colombia y Paraguay.
Entre las alternativas de crecimiento aparecen el cáñamo para alimentos, textiles, biomateriales de construcción y remediación de suelos, además de la producción medicinal y los servicios tecnológicos. El informe El Otro Blanqueo estimó un mercado potencial de u$s1.697 millones anuales bajo un escenario de regulación de los usos medicinal y adulto; dentro de esa proyección, el segmento medicinal podría alcanzar u$s834 millones y generar 62.000 empleos equivalentes a tiempo completo. Son estimaciones condicionadas a cambios regulatorios y no reflejan actividad económica efectiva.