Martín Romeo y otras dos presuntas víctimas pidieron anular el dictamen del fiscal Eduardo Taiano y cuestionaron el cierre de la investigación por la criptomoneda.
Un nuevo grupo de inversores afectados por el caso $Libra presentó un recurso para apelar el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei, con el objetivo de evitar el cierre de la investigación por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda.
La presentación fue impulsada por Martín Romeo, quien había sido querellante en el expediente, junto con otras dos supuestas víctimas. El planteo lleva el patrocinio del abogado Nicolás Oszust y solicita que se declare la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano.
Los recurrentes cuestionaron que Taiano pidiera directamente el sobreseimiento en lugar de requerir nuevas medidas de prueba. Como las querellas habían sido apartadas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado resolvió el sobreseimiento sobre la base de ese dictamen y dio por terminada la investigación.
Los afectados también impugnaron la totalidad de la resolución judicial porque, según sostuvieron, se apoya en una decisión que no está firme y que no resolvió el fondo del caso. Rechazaron además que las pérdidas respondieran a un riesgo de mercado asumido por los compradores.
En el escrito afirmaron que el contrato de $Libra fue utilizado por 74 billeteras antes de que fuera difundido por el Presidente. Según su descripción, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos US$ 13,5 millones a las 19:01, 22 segundos antes de la publicación del contrato en X. Añadieron que luego los tokens fueron liquidados y que una bóveda colectora reunió 44.593.888 USDC.
Los querellantes denunciaron una coordinación entre Milei y Mauricio Novelli, a quien señalaron como nexo entre el Presidente y Davis, y mencionaron llamados entre ambos en los minutos previos y posteriores a la publicación. También sostuvieron que el supuesto acuerdo entre Karina Milei y Novelli por US$ 1.550.000 para involucrar al mandatario en el lanzamiento existió y se cumplió, con o sin firmas.
Por último, acusaron a Taiano de haber actuado como abogado defensor y cuestionaron que utilizara como descargo un informe de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Según los afectados, el fiscal seleccionó de antemano la prueba y valoró en favor de los imputados los elementos incorporados al expediente.