La Fiscalía analiza quién controlaba las ocho billeteras con criptomonedas y también revisa el costo de las obras realizadas en una propiedad de Indio Cuá.
El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una nueva etapa en la investigación sobre la explicación patrimonial presentada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Antes de definir si corresponde pedir su citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito, busca verificar el origen del dinero y el crecimiento de sus bienes.
El análisis se concentrará en ocho billeteras virtuales por las que circularon aproximadamente u$s591.000 en criptomonedas. Adorni sostuvo que entre 2014 y 2017 destinó unos u$s200.000 de ahorros a la compra de bitcoins y que esas inversiones llegaron a representar u$s591.544,61. La Fiscalía procura establecer quién tenía el control efectivo de las billeteras al momento de las operaciones, ya que no están registradas a nombre del exfuncionario.
Para avanzar con esa tarea, Pollicita recurrió a especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo del Ministerio Público Fiscal. La defensa afirma que se trata de billeteras de autocustodia y que Adorni tiene la titularidad porque conserva las claves privadas. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, sostuvo su abogado, Matías Ledesma.
Las claves fueron entregadas en un sobre cerrado y lacrado que todavía no fue abierto. La defensa también presentó un acta notarial realizada en septiembre de 2026, que acredita el acceso actual de Adorni a las cuentas. La Fiscalía intenta determinar si ese control existía también cuando se realizaron las transacciones utilizadas para explicar el origen del patrimonio. Según el relato presentado, las compras se hicieron fuera del circuito financiero formal, mediante entregas de dólares en efectivo a vendedores desconocidos en encuentros presenciales.
La investigación incluye además las obras de la casa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar había declarado que los trabajos costaron aproximadamente u$s245.000, mientras que la defensa calculó el monto en alrededor de u$s175.000 y presentó un estudio contable junto con un informe técnico. Ese peritaje particular estimó el valor de mercado en u$s174.954,58. También consta el pago de u$s120.000 por el lote y de otros u$s5.000 por el ingreso al barrio privado.
Por ahora, Pollicita no pidió la indagatoria. El fiscal prevé solicitar nuevas medidas al juez federal Ariel Lijo para contrastar los movimientos de las billeteras con la versión de Adorni y revisar la documentación y los chats aportados por el contratista. Luego deberá definir si las explicaciones permiten despejar las dudas sobre el origen de los bienes y del dinero utilizado durante su paso por la función pública.