El fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó levantar los secretos de Paola Moyano.
La Justicia investiga movimientos de dinero vinculados con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos transferencias de la FIFA y del Sindicato de Camioneros, además de un depósito en efectivo de 620.000 dólares.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo 15 nuevas medidas de prueba después de detectar operaciones bancarias que no figurarían entre los ingresos declarados por Tapia como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), según fuentes tribunalicias.
Entre enero de 2016 y enero de 2019 se registraron 37 acreditaciones del Sindicato de Camioneros por un total de $1.494.678,79 en una cuenta sueldo del Banco Provincia. Por ese motivo, la Fiscalía requirió al gremio que conduce Hugo Moyano documentación sobre la relación laboral de Tapia.
Pollicita también pidió un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre tres transferencias por US$189.577,18, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop. Los conceptos de esas operaciones no aparecen en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.
Además, los investigadores analizaron un depósito en efectivo de US$620.000 efectuado el 12 de febrero de 2019. Ese mismo día, Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente y ambos abrieron una caja de seguridad. El fiscal solicitó levantar sus secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero, y requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central (BCRA), entre otros organismos.
La pesquisa incluye transferencias de la AFA a Tapia por $1.476.000 entre 2020 y 2023 y otros $30 millones en concepto de viáticos. La Fiscalía pidió documentación respaldatoria y datos sobre el uso de tarjetas de crédito de la entidad. El objetivo es establecer si los movimientos y la evolución patrimonial del dirigente son compatibles con sus ingresos declarados; hasta ahora, las operaciones no implican por sí mismas la comprobación de un delito.