El economista solicitó a la Cámara Federal de San Martín que dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
José Luis Espert apeló el procesamiento dictado por lavado de activos y también cuestionó la medida contra Varianza S.A., la consultora que constituyó junto a su esposa en 2019. Sus abogados presentaron dos recursos ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, para que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del 22 de octubre.
La defensa pidió el sobreseimiento de Espert, el levantamiento del embargo de $1.000 millones y el fin de la prohibición de salir del país. Como alternativa, solicitó que se dicte la falta de mérito hasta que se incorporen pruebas pendientes. El economista calificó el fallo como “contradictorio, sesgado, falta de prueba y de tintes políticos” y sostuvo que la decisión no demuestra ni el origen delictivo de los fondos ni la existencia de una maniobra de lavado.
La causa se vincula con una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 como anticipo de un supuesto contrato de consultoría. La hipótesis judicial sostiene que el acuerdo habría sido simulado y que la recepción y posterior utilización del dinero buscaron darle apariencia lícita. El economista rechazó esa interpretación y cuestionó que todavía no haya respuesta a un exhorto enviado a Estados Unidos para establecer la procedencia de los fondos.
Espert sostuvo que las operaciones quedaron registradas y que el dinero ingresó mediante una transferencia internacional a una cuenta bancaria a su nombre. También afirmó que uno de los vehículos fue comprado en una concesionaria, con factura y certificación contable, mientras que otro fue pagado por transferencia bancaria. Según su planteo, Varianza tenía domicilio en su vivienda y declaró ante el fisco los sueldos registrados por la sociedad. Además, afirmó que la empresa nunca facturó a Federico Machado ni a sociedades vinculadas con él, ni recibió dinero de la operación investigada.
La apelación también cuestionó el procesamiento de Varianza y el embargo de $500 millones impuesto a la sociedad. Espert señaló que el fallo calificó como “de escasa relevancia” la participación atribuida a la consultora, que habría consistido en registrar salarios en sus libros contables y declarar esos pagos. La defensa consideró desproporcionada la medida patrimonial y objetó que el contrato de consultoría sea considerado una pantalla, ya que, según sostuvo, no fue presentado ante bancos, registros u organismos públicos durante cinco años.
El economista también rechazó que hubiera debido conocer actividades ilícitas de Machado cuando recibió el dinero y cuestionó que se utilizaran conversaciones de abril de 2021, quince meses después de la transferencia, para sostener esa acusación. Asimismo, denunció una persecución política por las referencias del fallo a la financiación de figuras de un espacio político y de campañas electorales, hechos por los que afirmó no haber sido indagado. En los recursos, pidió que se levanten las restricciones y que la investigación sea evaluada a partir de las pruebas incorporadas al expediente, sin presunciones.