El fiscal Diego Velasco describió presuntas maniobras con alquileres, hoteles y empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo. La defensa de Cristina Fernández y Máximo Kirchner sostuvo que las operaciones fueron legales y bancarizadas.
El Tribunal Oral Federal N° 5 continuó este lunes con la lectura de las acusaciones y los planteos defensivos en el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. En el proceso están acusados, entre otros, la ex presidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo Kirchner, por presuntas maniobras relacionadas con alquileres inmobiliarios y hoteleros.
El fiscal Diego Velasco sostuvo que la familia Kirchner habría utilizado sociedades comerciales para canalizar fondos hacia su patrimonio mediante alquileres y contrataciones simuladas. Según la acusación, esas operaciones estuvieron vinculadas con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas actividades habrían recibido beneficios estatales.
La Fiscalía señaló que el 88% de la facturación de Los Sauces provino de compañías de los grupos Báez e Indalo: el 65% correspondió al Grupo Indalo y el 23% al Grupo Báez. Durante el período investigado, la sociedad facturó $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles. Para el Ministerio Público, esos recursos estuvieron relacionados con obra pública vial en Santa Cruz, beneficios impositivos y otros negocios dependientes de autorizaciones estatales.
La acusación también describió la participación de distintos integrantes de la familia y de personas vinculadas con las empresas. Máximo Kirchner presidió Los Sauces desde 2006 hasta 2015, mientras que Cristina Fernández, Néstor Kirchner y Florencia Kirchner ocuparon cargos en distintos períodos. Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios, fue directora y presidenta de Hotesur y Los Sauces. El fiscal afirmó que la sociedad incorporó terrenos, departamentos y hoteles para alquilarlos a firmas relacionadas con Báez y el Grupo Indalo, y mencionó, entre otros bienes, inmuebles del complejo Madero Center y el hotel La Aldea, en El Chaltén.
Velasco sostuvo además que Los Sauces no tenía sede social ni empleados durante parte de su funcionamiento y cuestionó la confección de sus libros societarios. También vinculó los hechos investigados respecto de Báez con los delitos analizados en la causa Vialidad y afirmó que el Grupo Indalo tuvo un crecimiento exponencial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La lectura de la acusación de Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre; después comenzará la correspondiente a Hotesur.
El abogado Alberto Beraldi rechazó las imputaciones en un escrito remitido a la prensa. La defensa afirmó que Hotesur y Los Sauces eran sociedades familiares dedicadas a comprar y alquilar inmuebles, que todos los pagos fueron bancarizados y declarados ante la AFIP y que las operaciones fueron facturadas y realizadas a valores de mercado. También sostuvo que los contratos de alquiler fueron genuinos, que los hoteles fueron arrendados a cambio de un canon y cuestionó la acusación de asociación ilícita.