El contado con liquidación superó los $1.720, mientras el mayorista llegó a $1.560 y el blue tocó los $1.640. Expertos señalaron el impacto de la demanda de divisas, las restricciones cambiarias y la incertidumbre electoral.
La diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) superó el 10% y alcanzó máximos desde septiembre de 2025. La suba se produjo en un contexto de mayor demanda local, fortalecimiento del dólar frente a otras monedas de la región y renovada intervención del Banco Central (BCRA) mediante bonos Lelink.
Durante la rueda del miércoles, la letra dólar linked con vencimiento en enero concentró operaciones por unos u$s410 millones. El instrumento es utilizado por el Gobierno para absorber liquidez y retirar pesos de circulación, con el objetivo de contener al tipo de cambio oficial. Pese a esa intervención, las cotizaciones marcaron nuevos máximos históricos: el dólar mayorista llegó a $1.560, el blue tocó los $1.640 y el CCL superó los $1.720.
El economista José Ignacio Bano, en diálogo con Ámbito, sostuvo que el movimiento cambiario debe analizarse junto con otros indicadores de desconfianza: el riesgo país, que pasó de 400 puntos a tocar los 900; la caída de las acciones; y la suba del dólar. También afirmó que la disponibilidad de divisas y el superávit comercial asociado a Vaca Muerta moderan el riesgo de una falta de dólares.
Bano consideró que el tipo de cambio estaba atrasado frente a los precios y descartó que la situación fuera crítica. Además, explicó que las restricciones para que las empresas giren fondos al exterior llevan a algunas compañías a comprar bonos que pagan fuera del país, una vía que contribuye a ampliar la brecha. Según el economista, la preocupación local se reactivó de manera moderada y el dólar aparece barato como alternativa de inversión.
El analista financiero Christian Buteler vinculó el aumento de las brechas con el cepo y con una demanda que no alcanza a cubrirse mediante futuros ni bonos. A su vez, Gustavo Ber señaló que la mayor dolarización podría corresponder a inversores mayoristas o empresas que no operan por el mercado oficial de cambios (MLC), en un escenario marcado por la incertidumbre electoral y la discusión sobre la reforma política.